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Canarias carece de recursos para tratar a niños con trastorno de conducta

Un tinerfeño de 15 años ha pasado, desde los 12, por media docena de centros para menores de la Península y Tenerife sin que ninguno fuera, a decir de los técnicos, apropiado para su caso. Su padre denuncia "la dejadez" del Ejecutivo autónomo por no habilitar lo que está previsto en la Ley del Menor.
IOSUNE NIETO, Tenerife
9/oct/03 20:54 PM
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El CAI de La Cuesta es la primera solución temporal que se da a su caso antes de enviarle "erróneamente" ?opina su padre? a un centro de desintoxicación en La Rioja, del que se fuga. Lo mismo hará en otro, en Málaga, en el que "aguantó" año y medio.

Es entonces cuando la Dirección General del Menor considera que la Península es muy grande y que, en caso de escaparse, es mejor que sea en las Islas, explica Manuel. Aunque la solución que aporta es "remitirlo a un médico homeópata para que le pusiera un tratamiento", que tampoco resultó efectivo. En cualquier caso, Menores ya había advertido a los padres de Alberto de que si pretendían que se hiciera cargo de su hijo, "les decimos que no".

La única salida, a medida que la situación en casa es ya "insoportable", relata Manuel, es que "acudamos a las medidas judiciales". Para ello tienen que denunciar a su hijo por malos tratos, que es lo que estaba ocurriendo, pero también el único modo de que la Fiscalía se pudiera ocupar de él y pudiera decidir su ingreso en otro tipo de centros.

"Los fiscales son los únicos que se han volcado en buscar una solución", destaca Manuel, a pesar de que ellos mismos "tropiezan con la Administración, a la que piden los medios que dispone la Ley del Menor para crear centros para niños con problemas de conducta y que ya deberían estar constituidos".

Y es cuando empieza otro peregrinaje por los centros para jóvenes con medidas judiciales: Tabares, Hierbabuena, Nivaria..., en los que su estancia ha sido casi siempre corta, sin resultados positivos y con la seguridad de que ninguno era apropiado para su caso, a decir de los propios técnicos.

Actualmente, Alberto cuenta con una orden de alejamiento familiar y está a la espera de entrar en otro centro de la Isla, el "Cango", un centro para chicos con problemas de conducta, aunque este ingreso será uno más y paso intermedio al piso tutelado que ha prometido la Dirección General del Menor, "del que he visto el proyecto, pero aún tiene que ser aprobado y creado, con lo que pueden pasar otro par de meses".

Lo que pretenden sus padres con el relato de lo que están sufriendo ellos y su hijo es, además de "denunciar la dejación de la Administración", al no dar respuesta a lo previsto en la Ley, advertir de que "lo que haya que hacer, se haga ahora, antes de que cumpla los 18 años, porque si alcanza esa edad puede que la única salida, con su historial de centros y de medidas judiciales, sea la cárcel".

El CAI de La Cuesta, Valle Tabares, Hierbabuena, Nivaria... puede parecer la enumeración de centros para menores de Tenerife, pero es la relación de los establecimientos por los que ha pasado durante su todavía no muy extensa vida un chico tinerfeño, de 15 años, con trastorno de conducta al que damos el nombre ficticio de Alberto.

Y a esta lista habría que añadir otros, como un centro de desintoxicación en La Rioja, otro en Málaga y el que pasará a ingresar como paso intermedio hasta que se dé luz verde a un piso tutelado, que es lo que prevé la Ley del Menor para dar respuesta a estos casos.

La inexistencia de este tipo de centros es lo que quiere denunciar públicamente el padre de Alberto, Manuel, así como la impotencia de tantas familias que en todo el Archipiélago no encuentran un lugar para estos niños "con actitudes negativas ante todo tipo de normas, desafiantes y a menudo agresivos, principalmente con las personas que más quieren".

Así describe Manuel el problema de su hijo, un padecimiento que data desde que ya en sus primeros años de vida fue diagnosticado de "hiperactividad", y que se vio agravado con el paso a la pubertad.

Ese agravamiento quiere decir que del mal comportamiento general, Alberto pasó a las "fugas y malos hábitos", lo que da lugar a la primera intervención de Educación y del ayuntamiento donde residía. Tenía entonces 12 años. Pero ya desde los 9 estaba en tratamiento psiquiátrico.

Enero de 1999 marca el primer intento de los padres de forzar a las administraciones públicas a que establezcan algún centro para casos como el de su hijo, tras "hacerse imposible encargarse de él", y el intento supone negarse a sacarlo de Urgencias, servicio al que iba a parar tras cada fuga, como había recomendado su psiquiatra. Para entonces, también habían comenzado los malos tratos hacia sus padres.

El CAI de La Cuesta es la primera solución temporal que se da a su caso antes de enviarle "erróneamente" ?opina su padre? a un centro de desintoxicación en La Rioja, del que se fuga. Lo mismo hará en otro, en Málaga, en el que "aguantó" año y medio.

Es entonces cuando la Dirección General del Menor considera que la Península es muy grande y que, en caso de escaparse, es mejor que sea en las Islas, explica Manuel. Aunque la solución que aporta es "remitirlo a un médico homeópata para que le pusiera un tratamiento", que tampoco resultó efectivo. En cualquier caso, Menores ya había advertido a los padres de Alberto de que si pretendían que se hiciera cargo de su hijo, "les decimos que no".

La única salida, a medida que la situación en casa es ya "insoportable", relata Manuel, es que "acudamos a las medidas judiciales". Para ello tienen que denunciar a su hijo por malos tratos, que es lo que estaba ocurriendo, pero también el único modo de que la Fiscalía se pudiera ocupar de él y pudiera decidir su ingreso en otro tipo de centros.

"Los fiscales son los únicos que se han volcado en buscar una solución", destaca Manuel, a pesar de que ellos mismos "tropiezan con la Administración, a la que piden los medios que dispone la Ley del Menor para crear centros para niños con problemas de conducta y que ya deberían estar constituidos".

Peregrinaje

Y es cuando empieza otro peregrinaje por los centros para jóvenes con medidas judiciales: Tabares, Hierbabuena, Nivaria..., en los que su estancia ha sido casi siempre corta, sin resultados positivos y con la seguridad de que ninguno era apropiado para su caso, a decir de los propios técnicos.

Actualmente, Alberto cuenta con una orden de alejamiento familiar y está a la espera de entrar en otro centro de la Isla, el "Cango", un centro para chicos con problemas de conducta, aunque este ingreso será uno más y paso intermedio al piso tutelado que ha prometido la Dirección General del Menor, "del que he visto el proyecto, pero aún tiene que ser aprobado y creado, con lo que pueden pasar otro par de meses".

Lo que pretenden sus padres con el relato de lo que están sufriendo ellos y su hijo es, además de "denunciar la dejación de la Administración", al no dar respuesta a lo previsto en la Ley, advertir de que "lo que haya que hacer, se haga ahora, antes de que cumpla los 18 años, porque si alcanza esa edad puede que la única salida, con su historial de centros y de medidas judiciales, sea la cárcel".

Diputado del Común

El caso de Alberto pone en evidencia la falta de un recurso especializado para el colectivo de niños con trastorno de conducta en las Islas, una carencia que ya hace dos años ponía de relieve otra madre tinerfeña con un hijo con este mismo problema, y que hacía las mismas referencias en cuanto a ser víctima de sus malos tratos y a la falta de respuesta por parte de la Dirección General del Menor, por lo que anunciaba su intención de crear una asociación de padres afectados. También el Diputado del Común, en su informe 2002 que hoy dará a conocer ante el Parlamento de Canarias, dedica unas líneas a llamar la atención sobre esta carencia de recursos dirigidos a estos menores, situación de la que advierte además por el problema de desarraigo que provoca en quienes tienen que ser enviados a centros de otras Islas o, incluso, de la Península.