Nacional

Extorsión a empresarios

El juez les responsabiliza de 46 delitos de terrorismo por otras tantas acciones de "violencia callejera", por los que les pide un millón de euros por los daños causados, y de incitar a jóvenes a perpetrar ataques contra bienes, políticos no nacionalistas, jueces, policías, empresarios, universidades y periodistas.
COLPISA, Madrid
14/oct/03 21:05 PM
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COLPISA, Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó ayer a 21 dirigentes de Segi, organización juvenil abertzale sucesora de Jarrai y Haika, a los que acusa de pertenecer a ETA. El magistrado les responsabiliza de 46 delitos de terrorismo por otras tantas acciones concretas de "violencia callejera", y de incitar a jóvenes del País Vasco, a través de convocatorias de "jornadas de lucha", a perpetrar ataques contra bienes, políticos no nacionalistas, jueces, policías, empresarios, universidades y periodistas.

En una resolución de casi 200 folios, el magistrado explica que todos los imputados participaron "activamente" en la preparación, desarrollo y ejecución de los hechos que les atribuye. Delitos que, según relata, serían parte de una línea de actuación más amplia, diseñada por ETA para "subertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública a través de actos concretos como son los que dan forma a la denominada kale borroka".

Garzón, que no duda de la "adscripción orgánica de Segi al complejo terrorista", fundamenta su decisión en cientos de documentos intervenidos en registros practicados en las sedes de Segi de las capitales vascas y navarra, en "herriko-tabernas" y en los domicilios de los acusados. Entre ellos figuran documentos internos de ETA y análisis que realizan algunos miembros de su "cantera" sobre la conveniencia de utilizar la "violencia callejera" contra los "enemigos de Euskal Herria". También ha tenido en cuenta los numerosos informes elaborados por la unidad de Información de la Policía a partir de pinchazos a teléfonos de estas personas y dictámenes sobre sus actividades.

Asimismo, solicita que los procesados respondan, de forma conjunta y solidaria, de los daños derivados de sus acciones mediante el pago de más de un millón de euros que, en caso de no ser abonados, tendrá que pagar Batasuna como responsable civil subsidiaria.

El juez citó a los 21 procesados -once están en prisión preventiva- para declarar ante él mañana. Uno de los encarcelados es David Lizarralde, a quien los investigadores de la lucha antiterrorista consideran "tesorero nacional" de Segi. En su auto el juez recuerda que, en el momento de su detención se le ocuparon 14.330 euros pertenecientes a la organización.

 Extorsión a empresarios

La remesa de cartas de extorsión que ETA ha enviado recientemente a empresarios vascos y navarros revela un mayor desconocimiento de la banda terrorista sobre la realidad empresarial del País Vasco que en otras campañas de este tipo, según manifestaron fuentes de la lucha antiterrorista. En esa remesa de unas 200 misivas, que ayer desveló el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, la organización terrorista exige el llamado "impuesto revolucionario" por cantidades que oscilan entre los 20.000 y los 200.000 euros. Tras el análisis de esas cartas, los expertos consideran que ETA carece de la información sobre la realidad empresarial del País Vasco y Navarra que ha demostrado tener en otras ocasiones en las que ha exigido el "impuesto revolucionario".