La Laguna

El TSJC considera que se usurparon las funciones de Oramas en el "caso Baute"

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias destaca que no es competencia del pleno nombrar a los presidentes de ninguna comisión, ya que la presidencia de las mismas le corresponden por derecho a la alcaldesa, tal y como aseguró ésta en el pleno que se celebró el 2 de enero de 2001.
EL DÍA, La Laguna
17/oct/03 14:31 PM
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La alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, dio a conocer ayer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el "caso Baute", en el que los magistrados han dictaminado que la responsable de la corporación municipal tenía el derecho a presidir la comisión de investigación que se acordó crear en el pleno del 2 de enero de 2001 y que "el acuerdo plenario adoptado usurpa las funciones del alcalde".

Ana Oramas destacó que "la sentencia es fulminante y clarísima y da la razón a Coalición Canaria. Es un paso más del caso Baute que demuestra que CC no quería ocultar nada y pone al PSOE en su sitio. Esto es bueno para el ayuntamiento y para el futuro".

En el referido pleno, el Grupo Municipal Socialista presentó una enmienda a la moción de la Alcaldía ?CC apostaba por una comisión informativa? para crear una comisión de investigación que analizara las declaraciones del funcionario Nicolás Baute, divulgadas por la revista "Interviú", en las que se decía que dicho trabajador del ayuntamiento propuso a unos empresarios secuestrar a la concejal del PP Raquel Lucía Pérez Brito, en el caso de que fuera presentada una moción de censura, a cambio de una licencia de obras.

La propuesta de los socialistas prosperó porque contó con el apoyo del concejal del Partido Popular Juan Martínez Torvisco y la abstención de su compañera de partido Raquel Lucía.

El pleno acordó que la comisión de investigación estuviera formada por cinco representantes del PSOE, cuatro de CC y dos del PP. Se dispuso, además, que la presidencia correspondería a uno de los cinco representantes de los socialistas.

Ana Oramas dijo ayer que "el Grupo Municipal Socialista planteó que la presidencia de la comisión de investigación recaía en un socialista, y nosotros le dijimos que era ilegal y que correspondía al alcalde. Yo no pretendía presidir la comisión ni ser miembro de la misma, sino delegar dicho cargo". Por ello, CC impugnó el acuerdo plenario que ahora se ha fallado.

Baute no es funcionario

La alcaldesa lamentó las graves imputaciones de las que fue objeto junto a miembros de su equipo de gobierno, y se congratuló por el hecho de que, debido a su manera de proceder, Nicolás Baute haya sido despedido de su puesto de trabajo en el ayuntamiento por decisión de los tribunales. "Tengo ?añadió? la suerte de que Baute ya no es funcionario del ayuntamiento sin tener que pagarle una peseta. Si hubiéramos hecho caso al PSOE, aún seguiría en el ayuntamiento".

Después de aclarar que corresponde al alcalde la atribución de presidir las sesiones del pleno, de la comisión de gobierno y de cualquier otro órgano municipal, la sentencia añade que "el alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la comisión de gobierno y, donde ésta no exista, en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales.

Nulidad radical

Se añade que los citados argumentos bastarían para declarar la nulidad radical del punto del acuerdo plenario que nos ocupa, "pero ?prosigue la sentencia? además es que lo que ahí se recoge, es una delegación genérica, la cual no es posible respecto a personas sino de áreas o materias determinadas".

Una delegación como la prevista en el acuerdo impugnado por CC sería la que le viene asignada como competencia o facultad al propio alcalde, por el reglamento de organización, de efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados, aunque no están previstas delegaciones indeterminadas a propuesta unilateral de un grupo. En el mismo sentido, se añade que resulta improcedente, por invadir las ya explicadas competencias del alcalde, dejar la elección en manos de terceros.

Por lo que se refiere al otro punto del acuerdo plenario impugnado, se impone como delegación de funciones al efecto, por parte de la alcaldía, la relativa a la jefatura de personal y la fijación de las actuaciones que la corporación realice ante los jueces y tribunales en los términos establecidos en la legalidad. La sentencia señala que la competencia de la jefatura de personal le corresponde al alcalde.

"Por tanto ?se hace constar?, al imponer al alcalde una obligación que le viene conferida por ley, se vulnera la naturaleza de la delegación, por cuanto ésta es una potestad, es decir, un acto de naturaleza discrecional por parte del órgano titular de la competencia como lo prueba la ley de bases, cuando establece que el alcalde podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones".

La alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, dio a conocer ayer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el "caso Baute", en el que los magistrados han dictaminado que la responsable de la corporación municipal tenía el derecho a presidir la comisión de investigación que se acordó crear en el pleno del 2 de enero de 2001 y que "el acuerdo plenario adoptado usurpa las funciones del alcalde".

Ana Oramas destacó que "la sentencia es fulminante y clarísima y da la razón a Coalición Canaria. Es un paso más del caso Baute que demuestra que CC no quería ocultar nada y pone al PSOE en su sitio. Esto es bueno para el ayuntamiento y para el futuro".

En el referido pleno, el Grupo Municipal Socialista presentó una enmienda a la moción de la Alcaldía ?CC apostaba por una comisión informativa? para crear una comisión de investigación que analizara las declaraciones del funcionario Nicolás Baute, divulgadas por la revista "Interviú", en las que se decía que dicho trabajador del ayuntamiento propuso a unos empresarios secuestrar a la concejal del PP Raquel Lucía Pérez Brito, en el caso de que fuera presentada una moción de censura, a cambio de una licencia de obras.

La propuesta de los socialistas prosperó porque contó con el apoyo del concejal del Partido Popular Juan Martínez Torvisco y la abstención de su compañera de partido Raquel Lucía.

El pleno acordó que la comisión de investigación estuviera formada por cinco representantes del PSOE, cuatro de CC y dos del PP. Se dispuso, además, que la presidencia correspondería a uno de los cinco representantes de los socialistas.

Ana Oramas dijo ayer que "el Grupo Municipal Socialista planteó que la presidencia de la comisión de investigación recaía en un socialista, y nosotros le dijimos que era ilegal y que correspondía al alcalde. Yo no pretendía presidir la comisión ni ser miembro de la misma, sino delegar dicho cargo". Por ello, CC impugnó el acuerdo plenario que ahora se ha fallado.

La alcaldesa lamentó las graves imputaciones de las que fue objeto junto a miembros de su equipo de gobierno, y se congratuló por el hecho de que, debido a su manera de proceder, Nicolás Baute haya sido despedido de su puesto de trabajo en el ayuntamiento por decisión de los tribunales. "Tengo ?añadió? la suerte de que Baute ya no es funcionario del ayuntamiento sin tener que pagarle una peseta. Si hubiéramos hecho caso al PSOE, aún seguiría en el ayuntamiento".

Después de aclarar que corresponde al alcalde la atribución de presidir las sesiones del pleno, de la comisión de gobierno y de cualquier otro órgano municipal, la sentencia añade que "el alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la comisión de gobierno y, donde ésta no exista, en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales.

Se añade que los citados argumentos bastarían para declarar la nulidad radical del punto del acuerdo plenario que nos ocupa, "pero ?prosigue la sentencia? además es que lo que ahí se recoge, es una delegación genérica, la cual no es posible respecto a personas sino de áreas o materias determinadas".

Una delegación como la prevista en el acuerdo impugnado por CC sería la que le viene asignada como competencia o facultad al propio alcalde, por el reglamento de organización, de efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados, aunque no están previstas delegaciones indeterminadas a propuesta unilateral de un grupo. En el mismo sentido, se añade que resulta improcedente, por invadir las ya explicadas competencias del alcalde, dejar la elección en manos de terceros.

Por lo que se refiere al otro punto del acuerdo plenario impugnado, se impone como delegación de funciones al efecto, por parte de la alcaldía, la relativa a la jefatura de personal y la fijación de las actuaciones que la corporación realice ante los jueces y tribunales en los términos establecidos en la legalidad. La sentencia señala que la competencia de la jefatura de personal le corresponde al alcalde.

"Por tanto ?se hace constar?, al imponer al alcalde una obligación que le viene conferida por ley, se vulnera la naturaleza de la delegación, por cuanto ésta es una potestad, es decir, un acto de naturaleza discrecional por parte del órgano titular de la competencia como lo prueba la ley de bases, cuando establece que el alcalde podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones".