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Caros, escasos y deficientes

Los usuarios, sin duda, esperan que prospere la vía judicial emprendida para que se cobre sólo por el tiempo real utilizado de un aparcamiento público, pero sorprendentemente esta simple rebaja de un precio puede derivar en problemas con las concesiones y retrotraer la inversión privada.
19/oct/03 21:18 PM
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Esta misma semana, el Instituto Español de Consumo anunciaba la presentación ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid de la denuncia contra el redondeo y cobro "abusivo" por un servicio no prestado que supone la facturación por horas o fracción en los aparcamientos de uso público. La importancia de la noticia se deriva de varios aspectos, ya que se da respuesta a lo que desde unos años atrás venían reclamando asociaciones de defensa de los consumidores y de automovilistas, y porque el inicio de la vía judicial contra lo que ha sido la práctica usual en un sector puede marcar un hito que desemboque en acciones en otros.

Asimismo, la medida, en caso de conllevar una sentencia a favor de los usuarios, al parecer puede traer más de un quebradero de cabeza al empresariado que ex-plota los aparcamientos y a algunos ayuntamientos, que podrían encontrar dificultades a la hora de contratar la explotación de los parking.

Todo esto se puso de relieve en el debate celebrado esta semana en EL DÍA en el que, con la noticia señalada como punto de partida, se dio un repaso a la situación de los aparcamientos públicos y al servicio que prestan. Para hablar de todo ello fueron invitados Álvaro Jiménez, jefe del Servicio de la Dirección General de Consumo; Fernando Clavijo, concejal de Tráfico en el Ayuntamiento de La La-guna; Raúl Alonso, representante de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Tenerife, y Juan Farizo, presidente del Real Automóvil Club de España (RACE) en Tenerife.

La primera conclusión del de-bate es la de subrayar la sorpresa que supuso constatar las consecuencias que una medida que podría parecer algo tan simple co-mo ajustar el precio que se deberá abonar por aparcar el coche en un parking de uso público, si prospera la denuncia interpuesta por el Instituto Nacional de Consumo.

En ese supuesto, y en opinión de Raúl Alonso, de la UCE-Tenerife, "la Administración va a tener que llevar a cabo una acción contundente", dijo en cuanto a que no descarta que puede haber cierta resistencia del empresariado del sector a acometer los cambios que tendrán que realizar.

Coincidió Fernando Clavijo en que la medida podrá tener consecuencias mucho más allá de la estricta que se derive de que se dé la razón al consumidor, y el concejal subrayó que "se pueden presentar problemas para administraciones como el Ayuntamiento de La Laguna, en que hay un déficit de aparcamientos y podría ser que no consigamos que inviertan".

"Se puede inhibir de manera importante la inversión privada y crear problemas a los ayuntamientos", insistió el edil de Tráfico de La Laguna, "porque si los nú-meros no salen, el que hace la in-versión puede decir que no mete el dinero ahí".

Agregó que "se abre un nuevo escenario, en el que es posible que al final sea la Administración la que pague el pato", y explicó que puede ocurrir que "el político tenga que decidir subir el precio o compensar económicamente al empresario".

Raúl Alonso matizó que "la Administración tiene que ser muy escrupulosa y ver si sigue habiendo rentabilidad", mientras que el re-presentante de la Dirección General de Consumo confió en que "ha-brá entendimiento por las dos partes".

En cualquier caso, a nadie se le escapaba que las nuevas condiciones que se establezcan en su caso suponen una modificación del pliego de contratación, lo que po-dría dar lugar a que los empresarios devuelvan la concesión o soliciten una compensación por la pérdida de ingresos.

Por su parte, el presidente del RACE-Tenerife, Juan Farizo, se mostró convencido de que "se necesitan soluciones imaginativas", tras compartir que los ayuntamientos podrán tener problemas si no se quiere invertir en aparcamientos. En ese sentido, sugirió la participación de las administraciones en la construcción y explotación de los parking de uso público, y citó, a modo de ejemplo, que bien podría ser la Sociedad de Desarrollo de la capital tinerfeña la que pudiera intervenir, "si el Ayuntamiento la ha creado como motor económico de la ciudad".

En su argumentación, Farizo explicó que igual que esta sociedad podrían participar el Cabildo u otras instituciones, si el objetivo es mejorar las infraestructuras de la ciudad, a lo que aludió también en el sentido de que se debe pensar en aparcamientos en el litoral de Santa Cruz "si queremos que venga el turismo".

Competencia

No obstante, la sugerencia de Farizo de acercar el aparcamiento al usuario fue contestada en parte por los contertulios, que advirtieron de que la Administración no puede incurrir en competencia desleal en relación al resto en que no invirtiera y frente a las inversiones millonarias con sus expectativas de negocio que ha podido hacer un señor en un aparcamiento, alertó Alonso.

La falta de competencia en los precios en el sector fue puesto sobre la mesa, ya que hubo coincidencia en que no existe, a pesar de que algunas de estas infraestructuras se han construido sobre suelo público, indicó Raúl Alonso. Más claramente, Clavijo aseveró: "Aquí hay monopolio, no competencia".

Alrededor del precio se dijo también que los aparcamientos son "caros" y más aún si se tiene en cuenta que su servicio suele ser deficiente, apuntaron los contertulios. Y puede que lo sean más, como señaló el concejal lagunero Fernando Clavijo, en cuanto a que la medida de suprimir el pago por hora o fracción "puede implicar una subida de precios, porque el empresario hacía una estimación media de ingresos en función de la hora y en ese caso ya no se le garantiza cierto ingreso", con lo que, concluyó, "el riesgo es ma-yor". Alonso consideró que "puede favorecer el uso, porque podrían tener un aparcamiento rotativamente lleno".