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La FAV insiste en pedir un pleno para decidir sobre las exenciones de pago del agua

La medida afectaría a los llamados Accionistas de Las Mercedes, 188 entre familias y entidades, que tienen los derechos desde 1869, tras un acuerdo tomado por el Ayuntamiento de entonces.
EL DÍA, S/C de Tenerife
22/oct/03 14:31 PM
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La Federación de Asociaciones de Vecinos de La Laguna (FAV Aguere) demandó ayer, en rueda de prensa, al grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna que decida en un pleno municipal si persiste o no todavía el derecho a no pagar el agua de abasto de los llamados "Accionistas de Las Mercedes", un colectivo que ahora suma 188, entre familias y otras entidades, las cuales están exentas desde un acuerdo tomado por la Corporación local el 1 de septiembre de 1869. Hasta ahora, el gasto de los "Accionistas de Las Mercedes" se computaba en el apartado "pérdidas en la red", según afirmó un portavoz.

Los representantes de los vecinos consideran esencial que el Pleno del Ayuntamiento lagunero se pronuncie "y que exista transparencia" en este asunto, ya sea a favor de mantener esos derechos por considerarlos legítimos ?en cuyo caso demandan que se fije una partida para hacer frente a ese gasto de agua? o proclamar la extinción de tal derecho para sus beneficiarios, y la consecuente obligación de pagar el agua que consuman a partir de ahora.

Para el vicepresidente de la FAV de Aguere, Justo Reyes Hernández, "queremos transparencia. Parece que el grupo de gobierno no quiere. Si estos beneficiarios tienen ese derecho, que se cree una partida presupuestaria para hacer frente a ese dinero que pagamos todos los vecinos", argumentó para añadir que "es triste que a un trabajador le corten el agua por no pagar 30 euros y que esa misma persona esté contribuyendo a pagar el agua de estos señores".

A su juicio, "lo que está claro es que no se ha llevado a pleno porque hay más de un político implicado, de los que están gobernando, al igual que en la oposición", añadió.

El representante vecinal mostró su disconformidad y extrañeza en que "los derechos de exención en el pago de las tarifas por el suministro de abasto público estén contemplados en escrituras de propiedad y venta de solares, edificios o inmuebles".

Por su parte, la alcaldesa de La Laguna, Ana María Oramas, indicó que en este momento está pendiente de ver el dictamen jurídico sobre esta cuestión, que ahora mismo se encuentra en el plazo de modificaciones.

Estas exenciones se producen en el año 1869 como consecuencia de las pérdidas en la red de abastecimiento de agua potable de La La-guna y el deplorable estado de la misma. Para la reparar las pérdidas, los vecinos adquirieron derechos sobre una parte alícuota de agua de los nacientes de Las Mercedes, con la obligación por parte del ayuntamiento de invertir el precio de las adquisiciones en ejecutar en las instalaciones y transporte para luego entregarlas en los domicilios de los adquirientes o casas que indicaran.

En 1994, la FAV Aguere tiene conocimiento de las exenciones e inicia el proceso de investigación. En 1997, la FAV se reúne con el entonces alcalde Elfidio Alonso para solicitarle información y se les denegó. En el 1998, se solicitó a la Corporación por vía judicial, la relación de los "Accionistas de Las Mercedes", petición que posibilita la entrega del listado de las personas, el número de pólizas de cada uno y una fotocopia del escrito a pluma del acuerdo plenario de 1869.

En un pleno de ese mismo año, el PSOE a propuesta de la FAV Aguere, se aprueba que una comisión se encargue de aclarar este tema. A su vez, en 1999 y a petición de la Comisión, Teidagua SA encarga a un abogado un informe completo y su definición del problema. Ese informe aconseja la celebración de un pleno en el que se declare que la Corporación no está obligada a seguir suministrado el agua en exención de pago, declarándolo extinguido por desaparición del objeto del mismo.

En 2002, los vecinos solicitaron a la alcaldesa Ana Oramas que se elevara a pleno el expediente del abogado que realizó el informe para su estudio y pronunciación. Dentro de ese mismo año se inicia un proceso del Recurso Contencioso Administrativo.

El Ministerio Fiscal comunica que el mismo no procedía, ya que el ayuntamiento contestó en tiempo y forma.

En 2003, el colectivo de vecinos vuelve a solicitar que el asunto se lleve a pleno y se contesta que está en estudio.