Vivir

El SCS impedirá que los ?visitadores? interrumpan las consultas médicas

La Dirección General de Farmacia actuará sobre la visita médica para impedir que los agentes de los laboratorios interfieran en la prestación de la asistencia sanitaria, por lo que no descarta propiciar la implantación de reuniones colectivas, acción ligada a la contención del gasto público en recetas.
GLADYS PAGÉS, Tenerife
22/oct/03 21:26 PM
Edición impresa

La Dirección General de Farmacia del Servicio Canario de Salud (SCS) quiere hacer "compatible" la actividad de los visitadores farmacéuticos con la prestación de la asistencia sanitaria, por lo que emplazará a estos agentes a hacer un cumplimiento exhaustivo de la normativa vigente y a no interferir en las consultas médicas.

Según adelantó a EL DÍA el titular de este departamento de reciente creación dentro del organigrama de la Consejería de Sanidad y Consumo, Alberto Talavera Déniz, para llevar a la práctica este objetivo "negociará" con los representantes de los laboratorios y los mismos visitadores el cumplimiento "total" de la legislación, que aseguró "se respeta a medias".

En su opinión, "no puede haber interferencias permanentes de los visitadores en la prestación sanitaria normal", una actividad que, comprendió, ven con desagrado los usuarios.

Sobre la posibilidad de implantar la visita médica colectiva, planteada por la Comunidad Autónoma de Madrid para sus centros sanitarios dentro del paquete de acciones para contener el crecimiento del gasto farmacéutico, el director general de Farmacia informó de que se "propiciará" su generalización en Canarias, al llevar aparejadas "algunas mejoras", como "la valoración crítica y el debate de los nuevos fármacos", lo que consideró mejor que "el bis a bis".

Este nuevo modelo de visitas acota la actividad de los agentes a unas horas determinadas, fuera del horario de trabajo de los facultativos, aunque su implantación en las Islas "no será de modo imperativo", matizó Talavera Déniz.

Aclaró que estas actuaciones irán encaminadas "a ordenar la visita médica porque el visitador no puede interferir en la programación de los facultativos", situación ante la que su departamento "es una autoridad pública" que no abogará sólo a la buena voluntad de los agentes.

Límites a la promoción

"Tenemos un ámbito de responsabilidad que no vamos a eludir, por lo que revisaremos la legislación actual que existe en la Comunidad Autónoma para ver qué elementos de esa normativa hay que flexibilizar y cuáles hay que hacer cumplir a rajatabla", e indicó que si se entablan negociaciones con los visitadores, "es precisamente para llegar a acuerdos y, en ese sentido, lo que se pretende es hacer compatible la información de estos agentes con la oficial sobre las nuevas moléculas a disposición de los facultativos", al entender que los primeros "dan una información interesada de la industria farmacéutica".

A juicio de Talavera Déniz, "se trata de hacer cumplir las buenas prácticas de promoción que la propia industria se ha marcado, al llegar al convencimiento de que la actividad promocional debe tener algún límite", remarcó. En ese sentido, abogó por "fortalecer con medidas administrativas esa política", sin que por ello se entienda "que vayamos a dificultar el acceso de los facultativos a la información que la industria quiera proporcionar", e insistió en que "se hará compatible la información oficial con la de los laboratorios , sin que se interrumpa la asistencia".

El 6% de los medicamentos que precisan receta se venden sin ella

La ministra de Sanidad, Ana Pastor, presentó ayer una nueva campaña institucional para promover el uso racional de los medicamentos que tiene como principal objetivo erradicar la automedicación irresponsable y la acumulación de fármacos en los botiquines domésticos.

En conferencia de prensa, Pastor explicó que el 42 por ciento de los hogares tiene botiquines con al menos un antibiótico y destacó que el 6 por ciento de los medicamentos que necesitan receta se venden sin ellas, sobre todo antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos.

A pesar de este último dato, la ministra de Sanidad se mostró convencida de que "cargar las tintas" sobre los farmacéuticos no sería justo, ya que "el problema va más allá" y se sitúa sobre todo en el uso de medicamentos que se guardan en casa.

Pastor, quien aseguró que si no se utilizan los medicamentos racionalmente, "los esfuerzos que estamos realizando entre todos no habrán merecido la pena", mostró su preocupación por el gasto farmacéutico, que entre octubre de 2002 y septiembre de este año ha aumentado "por encima de lo que sería deseable", un 10,51 por ciento.

150 euros por habitante

El precio medio por receta ha subido un 5,12 por ciento (cada fármaco cuesta de media 10,52 euros) y el número de recetas ha aumentado en un 5,51 por ciento (687 millones dispensadas en el último año), por lo que se gasta en medicamentos unos 150 euros por habitante y año.

El coste en medicamentos, subrayó, es elevado y supone en porcentaje relevante del gasto sanitario, pero también se paga un coste en salud; se estima que el 10 por ciento de los ingresos hospitalarios pueden deberse a la utilización indebida de fármacos.

El 88 por ciento de los ciudadanos toma antibióticos al menos una vez al año y España es uno de los países con mayores tasas de resistencia bacteriana, al volverse los gérmenes resistentes a los antibióticos; en los últimos seis años, la venta de analgésicos ha subido un 25 por ciento y su abuso puede provocar hemorragias digestivas o reacciones alérgicas.

En la cadena del medicamento, subrayó, participan los médicos, que deben realizar la prescripción adecuada e informar al paciente; los farmacéuticos, que tienen que dispensar lo prescrito por el facultativo y completar las recomendaciones; y los pacientes, que deben seguir fielmente los consejos.