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Palmer se retracta y niega que vaya a indemnizar a sus víctimas en Tenerife

El abogado del ciudadano británico aseguró hace menos de un año que no trataría de evadir el pago de 5,5 millones de euros a las 16.000 personas que estafó en la Isla. El acusado ya consiguió poner a salvo la mayor parte del dinero que defraudó cuando logró revocar una orden de confiscación de 48 millones.
ACN, Londres
23/oct/03 10:21 AM
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Hoy se cumple el plazo dictado por un tribunal británico para que John Palmer, condenado por una multitudinaria estafa en Tenerife, pague una compensación a sus víctimas de 5,5 millones de euros. El preso más rico del país, cuya fortuna se estima en casi cien veces esa cantidad, ya ha confirmado que piensa apelar la orden.

La decisión contradice las declaraciones previas de su abogado, que hace menos de un año aseguraba que su cliente no trataría de evadir el pago. Según fuentes de la acusación, hasta el momento las únicas víctimas a las que se ha ofrecido dinero son las que pretenden declarar contra el acusado. Y aun en el caso de que el tribunal aceptase todas las acusaciones pendientes, menos de un millar de los casi 16.000 estafados recuperarían parte de sus ahorros.

El acusado ya consiguió poner a salvo la mayor parte del dinero defraudado cuando, en julio de 2002, logró revocar una orden de confiscación de 48 millones de euros. El requerimiento, que se convirtió en el mayor de la historia judicial del Reino Unido, fue desestimado por un error procesal de la fiscalía.

En la actualidad Palmer cumple el segundo de sus ocho años de prisión después de que su apelación fuera desestimada hace menos de un año. Sin embargo, su situación procesal podría complicarse, ya que está técnicamente en situación de desacato. El tribunal había ordenado que permitiera la inspección de sus cuentas para determinar la procedencia de su fortuna, a lo que sus abogados hicieron oídos sordos.

Hoy se cumple el plazo dictado por un tribunal británico para que John Palmer, condenado por una multitudinaria estafa en Tenerife, pague una compensación a sus víctimas de 5,5 millones de euros. El preso más rico del país, cuya fortuna se estima en casi cien veces esa cantidad, ya ha confirmado que piensa apelar la orden.

La decisión contradice las declaraciones previas de su abogado, que hace menos de un año aseguraba que su cliente no trataría de evadir el pago. Según fuentes de la acusación, hasta el momento las únicas víctimas a las que se ha ofrecido dinero son las que pretenden declarar contra el acusado. Y aun en el caso de que el tribunal aceptase todas las acusaciones pendientes, menos de un millar de los casi 16.000 estafados recuperarían parte de sus ahorros.

El acusado ya consiguió poner a salvo la mayor parte del dinero defraudado cuando, en julio de 2002, logró revocar una orden de confiscación de 48 millones de euros. El requerimiento, que se convirtió en el mayor de la historia judicial del Reino Unido, fue desestimado por un error procesal de la fiscalía.

En la actualidad Palmer cumple el segundo de sus ocho años de prisión después de que su apelación fuera desestimada hace menos de un año. Sin embargo, su situación procesal podría complicarse, ya que está técnicamente en situación de desacato. El tribunal había ordenado que permitiera la inspección de sus cuentas para determinar la procedencia de su fortuna, a lo que sus abogados hicieron oídos sordos.

la mayor estafa

16.000 afectados

Se estima en 16.600 el número total de víctimas de las actividades mafiosas de John Palmer en el sur de la Isla. Entre 1989 y 1997, los empleados de sus múltiples empresas de tiempo compartido escogían sus víctimas entre los visitantes británicos, suecos, alemanes y franceses. Abordados en plena calle, se les prometían beneficios inmediatos si aceptaban participar en la construcción de una docena de complejos turísticos que en su mayoría nunca se materializaron. Según fuentes de la acusación particular las víctimas perdieron una media de 6.000 euros, que en los casos más graves se multiplicaba por diez. En algunos casos se trataba de parejas de avanzada edad, especialmente vulnerables a las agresivas tácticas de los sicarios. En los últimos meses, la prensa británica ha especulado con la posibilidad de que las mafias del "time-sharing" estén volviendo a operar en Tenerife y la Costa del Sol peninsular bajo la denominación de "clubes de vacaciones". Esta forma de negocio no está cubierta por la legislación europea sobre tiempo compartido, que obliga a los prestadores del servicio a ofrecer un periodo de cancelación de diez días.