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"La justicia en Canarias está en un proceso de transformación"

El secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, afirma que el Archipiélago está bien situado en materia judicial, pese a que hay críticas en cuanto a las cifras que arrojan las estadísticas.
C. ÁLVAREZ, S/C de Tenerife
23/oct/03 10:21 AM
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Rafael Catalá, secretario de Estado de Justicia, considera que "la justicia en Canarias está, como en el resto de España, en un proceso de transformación, de reforma y modernización, ya que le hace falta adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos y ser capaz de funcionar con más agilidad y de responder con mayor inmediatez a lo que reclaman los ciudadanos, así como dotarse de procedimientos más eficaces y mejorar los edificios".

Las nuevas tecnologías son conforman otro de los puntos que hay que mejorar, ya que "hay que incorporarlas como una nueva realidad. Lo que sí es cierto es que la justicia es una organización muy compleja que no se cambia en un par de años ni tampoco aprobando leyes, sino que hay que dotarlas de nuevos instrumentos y herramientas, así como de una nueva cultura de calidad".

Llegan los cambios

Rafael Catalá considera en lo referente a la Ley de Retribuciones a jueces y fiscales se ésta se ha modificado para convertirla en una organización más eficaz. Pero ahí no acaban los cambios, sino que además se va a redefinir el papel del secretario judicial para que sea el gestor de la Oficina Judicial.

Las gestiones de cambios y reformas no sólo se vuelcan sobre la maquinaria interna del "reloj" de la Justicia, sino que, además, se tiene en cuenta a los profesionales relacionados con la misma. "Este proceso de cambio es saludable, dinámico y se cuenta con las fuerzas políticas, los funcionarios y la implicación de todos aquellos que estén vinculados a la Justicia", dice Catalá.

Al hilo de tantos buenos augurios surgen las críticas a tantas reformas, ya que el Partido Popular ha sido el que más reformas en Justicia ha acometido a lo largo de su gestión en el Gobierno central. Para el secretario de Estado, "es verdad que estas críticas no buscan la legitimación de la justicia ante los ciudadanos, ya que no se puede pedir a un poder del Estado como es el judicial, que es a su vez un servicio público, que esté al margen de las transformaciones de la sociedad española y tampoco que no aborde las nuevas formas delictivas, donde la delincuencia internacional a través de redes es una realidad. Estamos hablando de la inmigración, desconocida hace unos años. No se le puede pedir a la justicia que no se adapte a esta nueva realidad y es necesario modificar el marco jurídico".

No se puede ir detrás

La justicia no puede ir detrás de la sociedad, ya que de ahí se deriva, según Rafael Catalá, el hecho de tanta reforma, pero puntualizó que "hay que huir de las reformas precipitadas, ya que deben ser fruto del análisis, del diálogo con las organizaciones y los profesionales y, por último, del consenso político. Con estas tres líneas se consiguen hacer buenas reformas, como las que hemos llevado a cabo".

En Madrid, según el secretario de Estado de Justicia, "son conscientes de las particularidades de Canarias, pero no sólo en política de inmigración, sino también en cuanto al esfuerzo que ha hecho del Gobierno de Canarias en adaptar infraestructuras y servicios a la transformación que han traído consigo la inmigración y el turismo, sobre todo en el sur de Tenerife, que es un buen ejemplo de cómo una zona geográfica puede cambiar radicalmente en un período muy corto de tiempo. Al hilo de este fenómeno necesariamente tiene que contarse con nuevos servicios. Por ello se han creado 25 nuevas plazas de jueces en Tenerife y 12 plazas de fiscales y esos puestos de trabajo los subvenciona el Estado, dejando para el Gobierno de Canarias la dotación de edificios y los funcionarios". Hace dos años, el Gobierno canario asumió las transferencias en materia de Justicia, pero no cuadran las cifras de causas pendientes y causas resueltas, por lo que Catalá aclara que "los datos estadísticos que presenta el Gobierno a través del Ministerio del Interior o del de Justicia son datos oficiales, por lo tanto gozan de toda veracidad y fiabilidad. En lo que respecta a los datos judiciales pasan por el Consejo General del Poder Judicial y eso para nosotros constituye una pieza básica de la estadística para crear nuevos juzgados y para saber dónde se destina a los jueces, entre otras cuestiones".

Los juicios con jurado no van a desaparecer, dice Rafael Catalá, "pero es razonable plantearse cómo están funcionando y que hay modelos alternativos. Hay que identificar qué modelos hay y teniendo en cuenta los años de experiencia que tenemos plantear reformas".

Rafael Catalá, secretario de Estado de Justicia, considera que "la justicia en Canarias está, como en el resto de España, en un proceso de transformación, de reforma y modernización, ya que le hace falta adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos y ser capaz de funcionar con más agilidad y de responder con mayor inmediatez a lo que reclaman los ciudadanos, así como dotarse de procedimientos más eficaces y mejorar los edificios".

Las nuevas tecnologías son conforman otro de los puntos que hay que mejorar, ya que "hay que incorporarlas como una nueva realidad. Lo que sí es cierto es que la justicia es una organización muy compleja que no se cambia en un par de años ni tampoco aprobando leyes, sino que hay que dotarlas de nuevos instrumentos y herramientas, así como de una nueva cultura de calidad".

Rafael Catalá considera en lo referente a la Ley de Retribuciones a jueces y fiscales se ésta se ha modificado para convertirla en una organización más eficaz. Pero ahí no acaban los cambios, sino que además se va a redefinir el papel del secretario judicial para que sea el gestor de la Oficina Judicial.

Las gestiones de cambios y reformas no sólo se vuelcan sobre la maquinaria interna del "reloj" de la Justicia, sino que, además, se tiene en cuenta a los profesionales relacionados con la misma. "Este proceso de cambio es saludable, dinámico y se cuenta con las fuerzas políticas, los funcionarios y la implicación de todos aquellos que estén vinculados a la Justicia", dice Catalá.

Al hilo de tantos buenos augurios surgen las críticas a tantas reformas, ya que el Partido Popular ha sido el que más reformas en Justicia ha acometido a lo largo de su gestión en el Gobierno central. Para el secretario de Estado, "es verdad que estas críticas no buscan la legitimación de la justicia ante los ciudadanos, ya que no se puede pedir a un poder del Estado como es el judicial, que es a su vez un servicio público, que esté al margen de las transformaciones de la sociedad española y tampoco que no aborde las nuevas formas delictivas, donde la delincuencia internacional a través de redes es una realidad. Estamos hablando de la inmigración, desconocida hace unos años. No se le puede pedir a la justicia que no se adapte a esta nueva realidad y es necesario modificar el marco jurídico".

La justicia no puede ir detrás de la sociedad, ya que de ahí se deriva, según Rafael Catalá, el hecho de tanta reforma, pero puntualizó que "hay que huir de las reformas precipitadas, ya que deben ser fruto del análisis, del diálogo con las organizaciones y los profesionales y, por último, del consenso político. Con estas tres líneas se consiguen hacer buenas reformas, como las que hemos llevado a cabo".

En Madrid, según el secretario de Estado de Justicia, "son conscientes de las particularidades de Canarias, pero no sólo en política de inmigración, sino también en cuanto al esfuerzo que ha hecho del Gobierno de Canarias en adaptar infraestructuras y servicios a la transformación que han traído consigo la inmigración y el turismo, sobre todo en el sur de Tenerife, que es un buen ejemplo de cómo una zona geográfica puede cambiar radicalmente en un período muy corto de tiempo. Al hilo de este fenómeno necesariamente tiene que contarse con nuevos servicios. Por ello se han creado 25 nuevas plazas de jueces en Tenerife y 12 plazas de fiscales y esos puestos de trabajo los subvenciona el Estado, dejando para el Gobierno de Canarias la dotación de edificios y los funcionarios". Hace dos años, el Gobierno canario asumió las transferencias en materia de Justicia, pero no cuadran las cifras de causas pendientes y causas resueltas, por lo que Catalá aclara que "los datos estadísticos que presenta el Gobierno a través del Ministerio del Interior o del de Justicia son datos oficiales, por lo tanto gozan de toda veracidad y fiabilidad. En lo que respecta a los datos judiciales pasan por el Consejo General del Poder Judicial y eso para nosotros constituye una pieza básica de la estadística para crear nuevos juzgados y para saber dónde se destina a los jueces, entre otras cuestiones".

Los juicios con jurado no van a desaparecer, dice Rafael Catalá, "pero es razonable plantearse cómo están funcionando y que hay modelos alternativos. Hay que identificar qué modelos hay y teniendo en cuenta los años de experiencia que tenemos plantear reformas".