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Instalaciones sin ley

El Diputado del Común denuncia la "inactividad administrativa" en relación a la proliferación de antenas de telefonía móvil, ya que la mayoría de los ayuntamientos canarios no ha elaborado la ordenanza que regule su ubicación, y si ya lo han hecho, no suelen aplicarla pese a las denuncias de los ciudadanos.
IOSUNE NIETO, Tenerife
26/oct/03 21:36 PM
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La instalación de antenas para la telefonía móvil es uno de los motivos que preocupa a los canarios, que han hecho llegar sus quejas al Diputado del Común. Así, en el informe de esta institución referido al pasado año se destaca que son muchos los ciudadanos y colectivos vecinales los que "denuncian la inactividad de algunas corporaciones municipales ante la proliferación de instalaciones, presuntamente ilegales, de antenas de telefonía móvil".

El Diputado del Común advierte al respecto de que "son pocos los ayuntamientos canarios los que han regulado, mediante la correspondiente ordenanza municipal, la instalación y funcionamiento de las estaciones base de telefonía móvil, con objeto de establecer las condiciones a las que deben someterse dichas infraestructuras, con el fin de que su implantación produzca la menor ocupación del espacio, así como el menor impacto visual, medioambiental y sanitario y, con ello, adaptarse a la nueva normativa".

No obstante, cita el caso de la capital grancanaria, en que si bien es uno de los pocos ayuntamientos que ha procedido a tal regulación, "destaca el número de reclamaciones que se han producido contra él, manteniéndose inactiva ante las denuncias que de forma reiterada presentan los ciudadanos, y si lleva a cabo alguna actuación, ninguna finaliza con el desmantelamiento de la instalación, cuando algunas de ellas no sólo son ilegales, sino que se encuentran ubicadas en un ámbito de exclusión".

También el temor a que las antenas de telefonía móvil no sean seguras desde el punto de vista de la salud de las personas ha sugerido varias quejas de los ciudadanos canarios al Diputado del Común, que actuó el pasado año pidiendo información a la Consejería de Sanidad y Consumo.

Al respecto, y si bien coincide con lo señalado por la Consejería de que no parece que existan evidencias de que la radiación en radiofrecuencias derivadas de antenas de telefonía móvil, incluso a niveles altos, pueda tener efectos adversos para la salud, la institución ha requerido al citado departamento autonómico para que realice "un seguimiento, con el fin de determinar la posible relación de causa-efecto entre la existencia de ciertas dolencias y la cercanía residencial de los afectados a este tipo de instalaciones", puesto que, hay "opiniones contrarias de especialistas acreditados", advierte.

Por otra parte, la institución del Diputado del Común sugiere que podría ser una "alternativa a la proliferación de puntos de emisión de radiaciones electromagnéticas y de agresión paisajística y visual, la imposición a los operadores el uso conjunto o compartido de las instalaciones".

Otras propuestas del Diputado del Común ante lo requerido por los ciudadanos canarios son que "se supere la inactividad normativa de las Administración en esta materia" y, si ya dispone de normativa, "la inactividad material o aplicativa", al tiempo que insiste en que la Administración sanitaria "debe poner especial acento en la vigilancia de la incidencia en la salud de las radiaciones electromagnéticas, como actuación preventiva".