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Rivero pide la convocatoria urgente de la comisión antitransfuguismo

El presidente de Coalición Canaria solicitó ayer por la vía de urgencia a la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, que se estudie el caso de los dos ediles del PP que, con ayuda de los concejales del PSOE, han movido ficha para la destitución del alcalde del municipio de La Frontera.
EL DÍA, S/C de Tenerife
20/nov/03 22:46 PM
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El presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, solicitó ayer "por la vía de urgencia", a la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, que reúna a la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo con el fin de analizar la moción de censura presentada el martes en el Ayuntamiento de La Frontera, en la que los dos concejales del Partido Po-pular (PP) presentaron, junto con los cuatro ediles del Partido Socialista (PSC) y el único representante del Partido Nacionalista Canario (PNC), Antonio Casañas, la mo-ción de censura contra el alcalde del municipio, el nacionalista Francisco Acosta.

Rivero recordó que el 7 de julio de 1998, tanto el PP como el PSOE suscribieron, al igual que CC y el resto de las fuerzas políticas, un código de conducta política estatal en relación con el transfuguismo "por lo que resulta vergonzante que ahora determinados responsables políticos aludan a pactos de responsabilidad cuando están, simple y llanamente, amparando el transfuguismo".

Según el nacionalista, "hay que evitar que el transfuguismo sea una vía abierta a la formación de mayorías falsas, al chantaje entre partidos y al soborno. Sin duda, no se debería permitir que los resultados electorales se modificasen, y que el apoyo por parte del PSOE a un grupo minoritario trajera consigo que la fuerza política más votada saltase del grupo de gobierno".

A juicio del líder de Coalición Canaria, "el fenómeno del transfuguismo constituye un problema que afecta a las corporaciones locales, cualquiera que sea el tamaño de los municipios, adquiriendo unas dimensiones que la experiencia configura como patología política de nuestro sistema. Las consecuencias de esta práctica reiterada, cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de las fuerza surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la go-bernabilidad de los municipios, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública".