Dinero y Trabajo

El mercado tinerfeño copa el 70% de los inmigrantes irregulares en el Archipiélago

Así lo aseguró UGT, que en un informe que recoge datos del pasado mes de septiembre concluye que hostelería y turismo es el área que registra una mayor presencia. El sindicato liga a extranjeros que trabajan en las Islas fuera de la legalidad el 65% de la economía sumergida que existe en el Archipiélago.
EL DÍA, S/C de Tenerife
26/nov/03 23:06 PM
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La provincia tinerfeña concentra el 70% de los 25.000 inmigrantes que trabajan de forma irregular en Canarias, de los cuales la gran mayoría se agrupan en el sector de la hostelería y el turismo, según los últimos datos de UGT-Canarias, relativos al pasado mes de septiembre, recogidos a partir de las memorias de los servicios de información y asesoramiento de dicho sindicato.

El documento pone de manifiesto que dicho colectivo viene a representar entre el 60% y el 65% de la economía sumergida de las Islas, cifrada en torno al 11% del Producto Interior Bruto.

El informe de UGT, que ha sido remitido a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales para que tome medidas, pone de manifiesto que de los 17.500 inmigrantes ilegales que se encuentran trabajando en la provincia tinerfeña, el 75% (13.125) desempeñan su labor en el sector servicios, mientras que el 20% (3.500) lo hacen en la construcción y el resto, que apenas suma 875 inmigrantes ilegales, desempeñan sus labores en la agricultura.

Tenerife es la Isla de la provincia en la que existe una mayor incidencia en cuanto a estos inmigrantes ilegales, en especial la zona sur. El reparto por sectores es similar al de la provincia, aunque en este caso los servicios concentran el 60%, la construcción en torno al 35% y el resto la agricultura.

En lo que a la provincia de Las Palmas se refiere, la concentración de inmigrantes ilegales es mucho menor, sumando en torno a los 7.500, siempre según los datos aportados por UGT. En este caso, servicios da cabida a la mayor parte, concretamente el 85% (6.375), un 10% (750) en la construcción y el 5% restante, o incluso algo menos, en la agricultura.

Subcontratas

Desde UGT se ha puesto de manifiesto que en el sector servicios, como es el caso de hostelería, una de las prácticas irregulares más habituales se centra en las subcontratas, de forma que, a través de convenios con empresas legales, se está dando trabajo a inmigrantes ilegales, en muchos casos con el desconocimiento de las primeras. En agricultura, agregaron las fuentes, la incidencia es cada vez menor, por ser una actividad a la baja.

El informe recoge que la mayor parte de los inmigrantes que trabajan en condiciones de ilegalidad son sudamericanos. En el caso de la hostelería, existe una presencia importante de ciudadanos de países del Este.

En opinión de UGT, estos datos ponen en entredicho el funcionamiento de las inspecciones de trabajo en las Islas, en especial en la provincia tinerfeña. Fuentes del sindicato denunciaron que a la escasez de recursos humanos se suma incluso la "connivencia" entre los inspectores y las empresas con trabajadores ilegales. Fuentes del sindicato criticaron que el Gobierno autónomo no tome cartas en el asunto, pese a la competencia desleal que suponen.

Más inspectores

Desde la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno autónomo, el director general de Trabajo, Agustín Hernández, afirmó que dicha entidad no dispone de datos objetivos sobre economía sumergida e inmigrantes irregulares, ya que se trata de aspectos difíciles de cuantificar, ya que hay varias administraciones implicadas.

Respecto a este último punto, anunció que este mes se van a incorporar 14 nuevos funcionarios en Canarias, 7 de ellos inspectores y 7 subinspectores, lo que supone un alza del 20% de efectivos respecto al número actual. Subrayó que esto supondrá un revulsivo importante para luchar contra la economía sumergida. Aunque admitió que el sindicato pueda criticar falta de medios, dijo que no puede hablar de "connivencia", al mismo tiempo que, señaló, ahora se mejorarán las actuaciones. Agregó que para 2004 se van a establecer objetivos genéricos de actuación y se cuantificarán las actuaciones, lo que favorecerá su desarrollo.

Por otro lado, señaló que en el marco de la IV Concertación Social, que aprobaron el pasado febrero la Administración y los agentes sociales, existe un acuerdo para la lucha contra la economía sumergida, que se impulsará ahora.

Agregó que en las dos próximas semanas se convocará la mesa general para la concertación social para hacer un seguimiento de los acuerdos y valorar el grado de cumplimiento de todos los acuerdos. Agregó que será el Consejo Canario de Relaciones Laborales quien, el próximo mes, dé el visto bueno a las actuaciones previstas.

Explicó que, en el caso de la economía sumergida, se pretende constituir un grupo de trabajo que analice la situación actual y haga un estudio, que hasta ahora no se ha hecho. También se prestará atención a la sensibilización social en la lucha sobre dicho tema.

Otra de las actuaciones se centra en promocionar el asociacionismo y los equipos de ayuda a la legalización. No obstante, insistió en que los responsables en esta lucha son tanto la Administración como los empresarios y sindicatos.