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El Gobierno impulsa la reforma del Código Penal para frenar a Ibarretxe

La modificación legislativa, que será presentada en el Senado, prevé castigar con hasta cinco años de cárcel a quienes convoquen consultas populares sin tener competencias para ello.
AGENCIAS, Madrid/Vitoria
29/nov/03 23:17 PM
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El Gobierno acordó impulsar una reforma del Código Penal para convertir en delito la convocatoria de un referéndum por una persona que no tenga competencias para hacerlo. Una medida dirigida a evitar que el lehendakari Juan José Ibarretxe convoque una consulta popular en el País Vasco sobre la propuesta de reforma de Estatuto y que está prevista en su plan.

Si lo hace, puede ser condenado por los tribunales a una pena de tres a cinco años de prisión. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas legislativas aprobado por el Consejo de Ministros para, en palabras de José María Michavila, "impedir delitos contra la Constitución".

Ningún ministro, salvo el de Justicia, sabía nada antes de la habitual reunión semanal del Gobierno. Fue una decisión de última hora, como demuestra el hecho de que la última reforma del Código Penal acometida, de dimensiones descomunales, fue aprobada apenas el pasado 6 de noviembre.

Fue José María Aznar quien decidió a su regreso de Argelia, país en el que estuvo las anteriores 48 horas, que tenía que cerrar la última vía al referéndum sobre el Plan Ibarretxe.

CC critica las formas

Había analizado un estudio de los servicios jurídicos del Estado que alertaban de la inexistencia de delito en la convocatoria de una consulta popular por alguien distinto al Rey, una laguna consecuencia de que el legislador no previó semejante contingencia al redactar la ley de referéndum que otorga dicha competencia al jefe del Estado previa propuesta del presidente del Gobierno.

El Grupo Popular en el Senado, cámara en la que tiene mayoría absoluta, será el encargado de que el cambio legislativo se incluya como enmienda a la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial para adaptarla a la nueva normativa de arbitraje.

Es la última ley con carácter orgánico de esta legislatura que está en trámite parlamentario y el plazo para presentar enmiendas vence el próximo lunes.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, aseguró ayer que su partido no fue consultado por el Gobierno acerca de la propuesta de considerar delito la convocatoria ilegal de referéndum, por lo que lamentó las formas y denunció que "no respeten los pactos".

López Garrido confirmó que su partido "no sabía una palabra del asunto", por lo que no quiso pronunciarse sobre el contenido de la propuesta hasta no estudiarla con detenimiento y en profundidad.

A este respecto, CC criticó las "formas" utilizadas por el Go-bierno para impulsar la reforma del Código Penal, aunque anunció su disposición a respaldar estas medidas durante su tramitación en el Senado, según informó su portavoz de Justicia, Luis Mardones.