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El Plan de Acción para personas con discapacidad contempla 12.698 millones

El Consejo de Ministros aprobó ayer este segundo programa, que contiene 350 medidas en cuatro áreas, y un decreto que establece coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía. Las críticas del PSOE y UGT no se han hecho esperar.
EFE, Madrid
6/dic/03 23:39 PM
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007, que prevé unas inversiones de 12.698 millones de euros, así como un decreto por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía.

La dotación presupuestaria de 12.698 millones de euros, en cinco años, se refiere a la que realiza Trabajo y Asuntos Sociales, y no incluye los recursos que a estos fines dediquen otras Administraciones y departamentos.

El Plan, fruto de diálogo y consenso con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi), recoge cuatro líneas fundamentales: garantía a este colectivo por parte de los poderes públicos del disfrute en condiciones de igualdad de todos sus derechos; prioridad de las políticas que fomenten la autosuficiencia económica y la participación de las personas con discapacidad en la vida de la comunidad; hacer accesibles entornos, productos y servicios; y diálogo y cooperación con las entidades sociales.

Este Plan tiene cuatro áreas; la primera de ellas de atención a personas con graves discapacidades, un millón y medio de personas, tiene 86 propuestas de actuación, entre ellas bonificaciones para la contratación de cuidadores, deducción en la cuota del IRPF por suscripción de seguros y estatuto de la figura del cuidador.

Una segunda área de políticas de inserción social, cuenta con 95 propuestas, como, entre otras, una oficina para promover la participación, compromiso de ofrecer a las personas con discapacidad una oportunidad de empleo antes de los seis meses de paro, y cláusulas en los contratos públicos que impidan contratar con la Administración a quienes no cumplan con la cuota de trabajadores con discapacidad.

La tercera área, de promoción de la accesibilidad, contempla 99 actuaciones, entre ellas, la regulación de las normas básicas de accesibilidad al transporte, a los espacios públicos y a las edificaciones, así como en los servicios de emergencia, centros residenciales, educativos, sanitarios, museos, archivos y bibliotecas, entre otros ejemplos.

Las 70 propuestas del último área, cohesión de los servicios territoriales, contempla las aprobación de un Catálogo de Prestaciones Básicas para los discapacitados, que se elaborará de acuerdo con las comunidades autónomas.

PSOE y UGT, incrédulos

El Consejo también aprobó el decreto que permitirá la jubilación anticipada de discapacitados sin merma de su pensión. Sin embargo, la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, consideró ayer la medida "manifiestamente insuficiente" y "electoralista". UGT coincidió con esta opinión y cuestionó la efectividad de estas jubilaciones, ya que, asegura que el coeficiente reductor es muy bajo, el grado de discapacidad para acceder a ellas muy alto y la mayoría ya habrán solicitado la pensión por incapacidad laboral. "Ahora se conocen los motivos por los que el PP rechazó en el Congreso, en mayo, una iniciativa socialista; querían que lo aprobado fuese de menor alcance", denunció Rumí. También criticó que el Gobierno haya retrasado un año en la aprobación del Plan de Acción, sus "lagunas" y su "inverosímil" financiación. UGT también advierte de que el plan puede quedar "en papel mojado" al carecer de medidas que garanticen su aplicación y su control.