Canarias

Los ayuntamientos logran suspender el decreto sobre seguridad en las playas

El Consejo de Gobierno decidió ayer suspender el decreto que establecía las medidas mínimas de seguridad y protección en las playas canarias ante las quejas de los municipios de falta de recursos.
CARLOS VEGA, S/C de Tfe.
10/dic/03 16:39 PM
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El Consejo de Gobierno de Canarias decidió ayer suspender un decreto aprobado en mayo en el que se establecían las medidas mínimas de seguridad y protección en las playas de la comunidad autónoma. Esta suspensión fue requerida por los ayuntamientos por considerar que la normativa obligaba a los municipios a aumentar sus medios materiales y humanos sin contraprestación económica por parte del Ejecutivo. El decreto, además, tenía abierto un recurso contencioso-administrativo, promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y admitido a trámite el pasado 10 de noviembre.

El secretario del Consejo de Gobierno, Antonio Castro Cordobez, informó en rueda de prensa de que el decreto se ha suspendido "sine die" hasta que se convenga con los responsables municipales las medidas y actuaciones que se deben establecer, y se aclare qué medios son precisos y quién se encargará de sufragarlos".

La consejera de Presidencia y Justicia, María Australia Navarro, ya se había comprometido con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a revisar el decreto, que aprobó el anterior Gobierno, en una reunión a principios del mes de noviembre.

Navarro accedió a iniciar los trámites para suspenderlo de forma cautelar por no haberse dado participación a los ayuntamientos durante su elaboración y obligarles a asumir unas cargas económicas de las que no disponen.

El decreto obliga, por ejemplo, a la construcción de torres de vigilancia y la puesta en marcha de un servicio de salvamento, que tiene que disponer de un coordinador de playa, un responsable del servicio y un número indeterminado de socorristas, a determinar por el órgano municipal. Sin embargo, no especificaba que tipos de playas requerían de estos servicios, según expuso Antonio Castro.

Aseguró que la suspensión del decreto, no obstante, no implica que los bañistas estén desprotegidos, pues existe una norma estatal que regula la materia de seguridad en las playas y los ayuntamientos son los que tienen las competencias para adoptar las medidas.

Ley de medidas tributarias

El Consejo de Gobierno, reunido ayer en Las Palmas de Gran Canaria, decidió ayer remitir al Parlamento de Canarias para su tramitación urgente la ley de acom- pañamiento de los presupuestos para 2004 de la comunidad autónoma, que recoge medidas tributarias y fiscales para el próximo año.

El proyecto de ley, que dispone de informe positivo del Consejo Consultivo, establece rebajas fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de hasta 300 euros por traslados entre islas por motivos laborales.

Asimismo, se fijan reducciones en el impuesto de sucesiones para personas con minusvalías y para la transmisión de empresas familiares, así como beneficios fiscales en las donaciones dirigidas a jóvenes para adquirir su primera vivienda.

Castro restó importancia a los reparos puestos por el Consejo Económico y Social al proyecto de ley, al considera pobre la rebaja de 300 euros para propiciar la movilidad laboral.