Canarias

El Gobierno se opone a modificar los porcentajes vigentes de reparto del REF

El Ejecutivo autónomo deja en manos del Parlamento la decisión sobre el artículo que establece que sean los ayuntamientos los que se compensen entre sí, sin afectar a los ingresos que perciben por el diferencial fiscal los cabildos. El consejero de Economía se negó ayer a renegociar otra interpretación del texto.
CARLOS VEGA, S/C de Tfe.
18/dic/03 16:39 PM
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El Gobierno de Canarias no desea volver a negociar la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, por lo menos en lo que afecta a la responsabilidad de asumir las compensaciones a los ayuntamientos que registran pérdidas con los nuevos criterios que se fijan para el reparto de los ingresos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF).

La posición del Ejecutivo autónomo es que la compensación se minore de la cantidad que se distribuye entre los ayuntamientos de una misma isla, con el fin de garantizar que los consistorios que pudieran verse perjudicados por el nuevo reparto intermunicipal perciban lo mismo que en 2002.

Así viene recogido en el artículo decimocuarto del proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos (que suplantaría al texto vigente), que ayer se debatió en la Comisión de Cabildos del Parlamento canario.

El consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, rechazó ayer en ese foro la propuesta del Grupo Socialista, que anunció la presentación de una enmienda a la totalidad para suprimir el mencionado artículo y reabrir las negociaciones entre las diferentes instituciones canarias.

"Una enmienda a la totalidad de devolución del texto no vale, porque, al existir un informe jurídico, el Gobierno no puede contradecirlo, sino que sólo cabría acudir a los juzgados", argumentó Mauricio.

La iniciativa socialista coincide con las aspiraciones de la Federación Canaria de Municipios, que el martes pasado aprobó en su asamblea general una propuesta donde se interpreta que la ley también obliga a los cabildos a participar en la compensación.

Mauricio afirmó que, sin ánimo de entrar en polémicas, la intención del Gobierno canario no fue la de modificar la ley sino "aclarar" lo que establece la Ley de Financiación de las Haciendas Territoriales, cuando indica que las compensaciones deben minorarse de los recursos de la isla.

El consejero de Economía y Hacienda agregó que la interpretación del Gobierno está respaldada por informes jurídicos que coinciden en que deben ser los ayuntamientos dentro de cada isla los que compensen, porque en caso contrario variarían los criterios establecidos de reparto insular: 60% cabildos y 40% municipios.

Matizó que, no obstante, el Parlamento canario fue el que aprobó la ley y, por tanto, el "responsable último de lo que dice". En este sentido, añadió que el Gobierno estará "encantado" con la decisión de los grupos parlamentarios, "tanto si suprimen el artículo como si lo modifican vía enmiendas".

El consejero defendió que la modificación a debate no es reflejo de un fracaso, como recalcó el portavoz socialista, Francisco Hernández Spínola, sino que la Ley de Financiación de las Haciendas Territoriales tiene voluntad de "permanencia en el tiempo", hasta que se defina el modelo específico de las administraciones locales.

Acuerdos por isla

Los cabildos, por su parte, con la ausencia de los presidentes de La Gomera, Lanzarote y El Hierro, se mostraron conformes con la interpretación del Ejecutivo canario.

El portavoz de CC, José Miguel González, recordó que la ley establece que el mejor sistema de distribución es el acuerdo dentro de cada isla y agregó que la fórmula de compensación es una cláusula que sólo se aplicaría en caso de no existir consenso.

El Cabildo de Tenerife es el único que ya ha cerrado un acuerdo de reparto del REF en su isla, basado en los antiguos criterios poblacionales, y tanto La Palma como Gran Canaria han expresado su intención de culminar las negociaciones con los ayuntamientos antes de finales de año.

La principal dificultad es cubrir las pérdidas que registran las grandes localidades al no primar ya como criterio único la población. La compensación que se tendría que asumir en diferentes islas se estima en unos 17 millones de euros y los más perjudicados son Santa Cruz y Las Palmas.