Sucesos

El caso de las niñas de Soham sigue generando muchas incógnitas


EFE, Londres
19/dic/03 10:26 AM
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Una vez condenado Ian Huntley, asesino de Holly Wells y Jessica Chapman, de diez años, empezó ayer la investigación para saber cómo es posible que un pederasta sospechoso fuera empleado en el colegio de las dos niñas muertas.

El caso de las pequeñas de Soham, que conmocionó al Reino Unido en agosto de 2002 y supuso una de las mayores búsquedas en la historia policial de este país, sigue estremeciendo a la opinión pública al conocerse el pasado delictivo de Huntley.

Según se ha sabido desde que fue condenado el miércoles a cadena perpetua, los antecedentes de Huntley no fueron detectados cuando fue contratado en noviembre de 2001 para trabajar como conserje del colegio de Soham, al sureste de Inglaterra. La investigación independiente que comenzó ayer ha sido dispuesta por el Gobierno para impedir que se repita una tragedia como esta.

El asesino, de 29 años, fue arrestado diez veces entre 1995 y 1998, en la mayoría de los casos por relaciones sexuales con menores, aunque las acusaciones no llegaron hasta los tribunales.

La gente se preguntó ayer cómo fue posible que fallara el sistema de la Policía diseñado para investigar el pasado de todas las personas que trabajan con menores, como lo establece la ley.

Sin embargo, los antecedentes de Huntley no fueron observados porque éste solicitó empleo con su apellido, mientras que hasta el año 2001 había utilizado el de su madre, Nixon. El comisario de la Policía de Humberside, David Westwood, ha admitido que hubo "fallos y errores humanos" en la investigación de las denuncias contra Huntley entre 1995 y 1996 en esta zona del noreste de Inglaterra, donde el conserje vivió un tiempo.

Las fuerzas del orden cuentan con un servicio conocido como Sistema Nacional Informático de la Policía, donde se incorporan los detalles delictivos de las personas, que después pueden servir para conocer datos personales a la hora de dar luz verde a que un individuo pueda trabajar con menores.

La polémica está centrada en las críticas contra la Policía por no incorporar muchas veces en el sistema informático estos datos en el plazo establecido, de siete días.

Una vez condenado Ian Huntley, asesino de Holly Wells y Jessica Chapman, de diez años, empezó ayer la investigación para saber cómo es posible que un pederasta sospechoso fuera empleado en el colegio de las dos niñas muertas.

El caso de las pequeñas de Soham, que conmocionó al Reino Unido en agosto de 2002 y supuso una de las mayores búsquedas en la historia policial de este país, sigue estremeciendo a la opinión pública al conocerse el pasado delictivo de Huntley.

Según se ha sabido desde que fue condenado el miércoles a cadena perpetua, los antecedentes de Huntley no fueron detectados cuando fue contratado en noviembre de 2001 para trabajar como conserje del colegio de Soham, al sureste de Inglaterra. La investigación independiente que comenzó ayer ha sido dispuesta por el Gobierno para impedir que se repita una tragedia como esta.

Un reincidente con arrestos

El asesino, de 29 años, fue arrestado diez veces entre 1995 y 1998, en la mayoría de los casos por relaciones sexuales con menores, aunque las acusaciones no llegaron hasta los tribunales.

La gente se preguntó ayer cómo fue posible que fallara el sistema de la Policía diseñado para investigar el pasado de todas las personas que trabajan con menores, como lo establece la ley.

Sin embargo, los antecedentes de Huntley no fueron observados porque éste solicitó empleo con su apellido, mientras que hasta el año 2001 había utilizado el de su madre, Nixon. El comisario de la Policía de Humberside, David Westwood, ha admitido que hubo "fallos y errores humanos" en la investigación de las denuncias contra Huntley entre 1995 y 1996 en esta zona del noreste de Inglaterra, donde el conserje vivió un tiempo.

Las fuerzas del orden cuentan con un servicio conocido como Sistema Nacional Informático de la Policía, donde se incorporan los detalles delictivos de las personas, que después pueden servir para conocer datos personales a la hora de dar luz verde a que un individuo pueda trabajar con menores.

La polémica está centrada en las críticas contra la Policía por no incorporar muchas veces en el sistema informático estos datos en el plazo establecido, de siete días.