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Unos 80 militares de la provincia se quedarán sin trabajo el día 31

Pedro Barbuzano es uno de los cabos primero tinerfeños que con el fin de año se irá al paro, si se aplica lo previsto en la ley que impide a los militares temporales permanecer más de doce años en el Ejército. Con más de 17 años de profesión en su caso, rechaza que el efecto de la norma sea retroactivo.
IOSUNE NIETO, Tenerife
19/dic/03 0:21 AM
Edición impresa

Al menos 80 cabos primeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se quedarán sin empleo el próximo 31 de diciembre, si finalmente se les aplica la ley 17/1999 que limita a 12 años la permanencia en el Ejército de los militares temporales. El cálculo es de Pedro Barbuzano, tinerfeño de 33 años, con 17 como soldado profesional, aunque su contrato se ha venido renovando cada dos años.

"Yo entré en las Fuerzas Armadas antes de esa ley, luego se supone que no me debería afectar, pero de hecho nuestro contrato finaliza el 31 de diciembre y ya no nos lo renuevan más", se lamenta este cabo primero, quien insiste en que ninguna norma "puede perjudicar con carácter retroactivo".

Pedro Barbuzano explica que en la Península "esto se está solucionando a través de contenciosos administrativos, están yendo a juicio y los están ganando; y no sólo son cabos primeros: hay oficiales también, médicos, psicólogos...". "Pero juegan ?prosigue? con el poder adquisitivo que tenemos, porque con el sueldo bajo del que disponemos muchos no podemos ir a un contencioso".

No oculta, por otra parte, que los militares tinerfeños "no estamos muy unidos" y, además, "hay miedo" a destacarse, "por si sale otra ley que prorrogue el contrato, como la de 2002, cuando debía haberse aplicado, "y todo el que haya protestado sea excluido". Y porque como militares no tienen reconocido el derecho de reunión ni sindicación, lo que, en su opinión, ha contribuido a la situación de precariedad laboral en la que se han mantenido durante tantos años.

No obstante, asegura que hay compañeros dispuestos a hablar como él, mientras que a nivel nacional se ha creado una Unidad de Militares Temporales que "se va a mover por este tema".

La única salida parece estar en "el Gobierno del PP", destaca, "como hizo el año pasado al suspender la aplicación de la ley, ya que los mandos militares se limitan a lo que dice ésta".

En todo caso, hubo una oportunidad de permanecer en el Ejército, para lo cual se convocó una oposición, a la que Pedro Barbuzano se presentó. "Pero suponía cinco personas para una plaza, con lo que cuatro quedan en la calle, a pesar de llevar más de doce años de servicio, como es mi caso, que llevo toda la vida en el Ejército y me veo el 1 de enero en las listas del paro, sin liquidación y sin indemnización".

"Pero lo más grave ?insiste? es que no nos echan porque sobramos, sino que nos quitan para traer a gente de Honduras, porque todo el mundo sabe que hay dificultades para el reclutamiento". Y advierte de que en las campañas que se hacen para animar a los jóvenes a entrar en el Ejército "no se les dice que si en doce años no consiguen optar a una plaza fija o no consiguen ascender se van a quedar en la calle".

Un millar a nivel nacional

A nivel nacional, la aplicación de la referida ley afecta a 450 militares de tropa (soldados, cabos y cabos primeros) y 150 oficiales, según los datos que maneja Pedro Barbuzano, aunque otras fuentes indican que del 31 de diciembre y el 30 de junio serán unos 800 soldados y cabos y 193 oficiales los que tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas.

También cuestiona Pedro Barbuzano que Defensa haya contratado a una empresa para buscar una salida laboral a los militares que quedarán sin empleo en toda España, aunque no para encontrarles un puesto de trabajo: "Sólo nos hacen un test ?que él ya ha pasado? y nos orientan para ver en qué podemos trabajar, cuando yo lo tengo claro: en lo que he hecho toda mi vida".

Este cabo primero reitera su rechazo al trato que ahora se les quiere dar "después de haber dado los mejores 17 años de mi vida, mi juventud, y cuando éramos contratados por 40.000 pesetas, no como ahora con grandes campañas y un buen sueldo".

Al menos 80 cabos primeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se quedarán sin empleo el próximo 31 de diciembre, si finalmente se les aplica la ley 17/1999 que limita a 12 años la permanencia en el Ejército de los militares temporales. El cálculo es de Pedro Barbuzano, tinerfeño de 33 años, con 17 como soldado profesional, aunque su contrato se ha venido renovando cada dos años.

"Yo entré en las Fuerzas Armadas antes de esa ley, luego se supone que no me debería afectar, pero de hecho nuestro contrato finaliza el 31 de diciembre y ya no nos lo renuevan más", se lamenta este cabo primero, quien insiste en que ninguna norma "puede perjudicar con carácter retroactivo".

Pedro Barbuzano explica que en la Península "esto se está solucionando a través de contenciosos administrativos, están yendo a juicio y los están ganando; y no sólo son cabos primeros: hay oficiales también, médicos, psicólogos...". "Pero juegan ?prosigue? con el poder adquisitivo que tenemos, porque con el sueldo bajo del que disponemos muchos no podemos ir a un contencioso".

No oculta, por otra parte, que los militares tinerfeños "no estamos muy unidos" y, además, "hay miedo" a destacarse, "por si sale otra ley que prorrogue el contrato, como la de 2002, cuando debía haberse aplicado, "y todo el que haya protestado sea excluido". Y porque como militares no tienen reconocido el derecho de reunión ni sindicación, lo que, en su opinión, ha contribuido a la situación de precariedad laboral en la que se han mantenido durante tantos años.

No obstante, asegura que hay compañeros dispuestos a hablar como él, mientras que a nivel nacional se ha creado una Unidad de Militares Temporales que "se va a mover por este tema".

La única salida parece estar en "el Gobierno del PP", destaca, "como hizo el año pasado al suspender la aplicación de la ley, ya que los mandos militares se limitan a lo que dice ésta".

En todo caso, hubo una oportunidad de permanecer en el Ejército, para lo cual se convocó una oposición, a la que Pedro Barbuzano se presentó. "Pero suponía cinco personas para una plaza, con lo que cuatro quedan en la calle, a pesar de llevar más de doce años de servicio, como es mi caso, que llevo toda la vida en el Ejército y me veo el 1 de enero en las listas del paro, sin liquidación y sin indemnización".

"Pero lo más grave ?insiste? es que no nos echan porque sobramos, sino que nos quitan para traer a gente de Honduras, porque todo el mundo sabe que hay dificultades para el reclutamiento". Y advierte de que en las campañas que se hacen para animar a los jóvenes a entrar en el Ejército "no se les dice que si en doce años no consiguen optar a una plaza fija o no consiguen ascender se van a quedar en la calle".

A nivel nacional, la aplicación de la referida ley afecta a 450 militares de tropa (soldados, cabos y cabos primeros) y 150 oficiales, según los datos que maneja Pedro Barbuzano, aunque otras fuentes indican que del 31 de diciembre y el 30 de junio serán unos 800 soldados y cabos y 193 oficiales los que tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas.

También cuestiona Pedro Barbuzano que Defensa haya contratado a una empresa para buscar una salida laboral a los militares que quedarán sin empleo en toda España, aunque no para encontrarles un puesto de trabajo: "Sólo nos hacen un test ?que él ya ha pasado? y nos orientan para ver en qué podemos trabajar, cuando yo lo tengo claro: en lo que he hecho toda mi vida".

Este cabo primero reitera su rechazo al trato que ahora se les quiere dar "después de haber dado los mejores 17 años de mi vida, mi juventud, y cuando éramos contratados por 40.000 pesetas, no como ahora con grandes campañas y un buen sueldo".