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AÑO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD

El logro es la repercusión social

Los colectivos que representan a las distintas discapacidades valoran positivamente los resultados de este año, pero advierten de que las administraciones públicas están en el punto de mira en cuanto al cumplimiento de las viejas y nuevas normativas y de los múltiples acuerdos alcanzados.
21/dic/03 0:27 AM
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El adjunto del Diputado del Común corroboró estas palabras en cuanto al incumplimiento de las leyes que, en el caso de Canarias, constató, se centran en la integración laboral de los discapacitados por parte de las administraciones públicas, lo que ha llevado a la institución a reabrir la queja de oficio de 1998 "para hacer otro barrido de la Administración y cotejar los datos".

Afligido se mostró el adjunto del Diputado del Común por el sufrimiento y situación de vulnerabilidad, dijo, de personas que padecen ya no sólo las barrera físicas, "sino la marginación social".

Una "valoración positiva" es la que hacen los contertulios de esta semana en el debate de EL DÍA sobre lo que ha dado de sí el recién clausurado Año Europeo de las Personas con Discapacidad. No obstante, a esta calificación le siguen muchos matices, ya que, a pesar de los adelantos normativos y los muchos acuerdos alcanzados, este es un colectivo que sabe bien de leyes incumplidas.

El año transcurrido dedicado a las personas con discapacidad es observado como un año "especial, pero no distinto", puesto que el trabajo no arrancó con él ni se para ahora, y con la visión generalizada de que, si ha habido un logro, al margen de los eventos, actos, leyes, convenios y declaraciones, ha sido la sensibilización de la sociedad hacia los problemas de este colectivo.

Así lo pusieron de manifiesto en el transcurso del debate la consejera delegada de Sinpromi, Carmen Rosa García Montenegro; el presidente de Cermi-Canarias, Juan Carlos Hernández; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Ana Luisa Cabrera; el adjunto del Diputado del Común para el área de los Asuntos Sociales, Federico Hernández, y el presidente de la Fundación Canaria de Sordos (Funcasor), Fernando Villamandos.

Este último admitió que la "repercusión social del Año Europeo de la Discapacidad ha sido grande", pero cuestionó que "hace falta que los proyectos lleguen al pueblo llano, que sean efectivos, porque ahí están las leyes que no se cumplen".

En todo caso, aseveró que las quejas elevadas al Diputado del Común no son muchas en número en cuanto a lo que consideró una "falta de respuesta a los derechos de los discapacitados". Y citó que las hay que tienen que ver con el propio reconocimiento de la discapacidad, sobre ayudas económicas, barreras arquitectónicas y de comunicación, y "crecientes en el sector de la discapacidad juvenil por parte de alumnos en edad de participar en la actividad docente".

El presidente de Cermi Canarias, entidad que aglutina a representantes de los distintos sectores de la discapacidad, anunció en relación a los avances habidos en este año que Cermi les va a hacer un seguimiento.

Y si de alguna manera se felicitó por los acuerdos alcanzados y las leyes firmadas, fue ligado a la oportunidad de sancionar a todos aquellos que incumplan la ley. Precisó que ya son 500 las empresas multadas en Canarias por incumplir la Ley que, desde el año 2000, exige la reserva de empleo para las personas con discapacidad, del 2% para la privada y del 3% en el sector público.

Carmen Rosa García Montenegro también abogó por el uso de las sanciones, incluso a las administraciones públicas, si es el caso, y recordó en relación a las empresas privadas que "antes nos costaba más tocar a su puerta y hoy en día hay una sanción."

El presidente de Cermi-Canarias insistió en que "no se trata de contratar a personas porque sean discapacitadas".

Destacó, por otro lado, que las medidas alternativas permiten hacer donaciones a entidades para la formación de los discapacitados o contratar servicios de centros especiales de empleo.

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