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Entra en vigor la tercera Ley de Extranjería del PP

Esta norma es la más consensuada de la democracia y prevé el endurecimiento de las sanciones a los transportistas de inmigrantes con mayores multas.
COLPISA, Madrid
22/dic/03 0:30 AM
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La tercera ley de Extranjería de esta legislatura entrará en vigor hoy, 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y nueve meses después de que una sentencia del Tribunal Supremo anulara una decena de artículos del reglamento de la anterior ley, forzando así a una nueva reforma de la normativa de inmigración española.

El texto, que será desarrollado por un nuevo reglamento en el que el Ministerio del Interior ya está trabajando, fue pactado el pasado mes de septiembre por el PSOE y el Gobierno, después de que el Ejecutivo aceptara una veintena de enmiendas socialistas al articulado redactado por la Delegación para la Extranjería.

Se trata, pues, de la Ley de Extranjería más consensuada de la democracia. En su trámite en el Congreso obtuvo un 95 por ciento de apoyos entre los diputados: 254 votos a favor (PP, PSOE, CC), 14 en contra (IU y grupos Vasco y Mixto) y 12 abstenciones (CiU). Un amplio acuerdo parlamentario que no se ha traducido en la calle, donde la práctica totalidad de los organismos de defensa de los inmigrantes ha criticado sin ambages una norma que creen tan represiva como el resto de leyes de extranjería de los últimos cuatro años.

No obstante el acuerdo con el PSOE, esta normativa continúa, tal y como reclamaba la oposición, sin modificar la negativa de anteriores textos a reconocer a los "sin papeles" los principales derechos sociales.

La nueva ley endurece las sanciones a los transportistas que trasladen clandestinos con multas de hasta medio millón de euros para estas empresas. Es más, las compañías aéreas, marítimas y de transporte por carretera estarán obligadas a facilitar desde el país de origen los listados completos de los pasajes a las autoridades españolas. Los transportistas, incluso, deberán de informar a Interior de los inmigrantes que no utilicen sus billetes de vuelta, bajo la amenaza de que la negativa a proporcionar estos datos a la Policía será considerada infracción muy grave, penada con multas de 6.000 a 60.000 euros.