Canarias

La sanidad se consolida como principal obstáculo para contener el gasto público

La Consejería de Sanidad, con 140 millones de euros de deuda acumulados, se ha convertido a lo largo del presente año en el único departamento capaz de distorsionar la línea de contención del gasto. A pesar de ello, la comunidad autónoma acaba 2003 "cumpliendo rigurosamente el objetivo de déficit cero".
EFE, S/C de Tenerife
30/dic/03 16:39 PM
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La Comunidad Autónoma de Canarias cerrará el 2003 "cumpliendo rigurosamente el objetivo del déficit cero" y con una ejecución de su presupuesto que superará el 96 por ciento, tras autorizarse ayer más de 71 millones de euros en gastos, anunció el secretario del Gobierno regional, Antonio Castro. Por consejerías, sólo distorsionó este año la línea de contención de gasto la de Sanidad, que tiene un débito de 140 millones de euros acumulado en años anteriores y que se suma a la deuda histórica del Ejecutivo canario, que, en conjunto, ronda los 1.200 millones, según explicó Castro al término de la última reunión del Consejo de Gobierno de 2003, celebrada en Santa Cruz.

El también consejero de Infraestructuras insistió, pese a lo expuesto, en que la Comunidad cerrará este ejercicio con déficit cero, ya que -explico- a lo largo del mismo "no se ha creado más déficit nuevo, al contrario, se ha podido cubrir parte del que existía anteriormente". Como consecuencia de ello, "Canarias sigue siendo la Comunidad Autónoma con menor deuda financiera de España", ya que ésta "apenas representa el 3 por ciento del Producto Interior Bruto" del archipiélago, apostilló.

Además, recalcó que sus cuentas son buenas incluso en materia de salud, ya que la región, "siendo la que más gasta en Sanidad, es la que menos déficit sanitario tiene". Una situación que dijo "reflejan la gestión eficaz" aplicada en Sanidad, área en la que este año "se ha hecho un esfuerzo notable de rigor" a la hora de gastar.

En cuanto al alto grado de ejecución presupuestaria con el que anunció que cerrará la Comunidad Autónoma el 2003, subrayó que buena parte del gasto ha sido autorizado en las últimas reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno, donde se han aprobado inversiones o modificaciones de partidas económicas diversas. Así ocurrió ayer con la autorización por parte del Ejecutivo de gastos que, en conjunto, suman 71.931.422 euros, detalló.

Las consejerías de Sanidad, Industria y Empleo, acaparan, por ese orden, las mayores partidas de gastos aprobadas, que suman, respectivamente, 22,4, 19,4 y 18 millones de euros. El resto corresponde a Educación, con 4,4 millones de euros; Infraestructuras, con 3,2; Presidencia, con 1,8; Política Territorial, con 1,5; Agricultura, con 755.000 euros; y Economía, con 657.972 euros.

Entre los asuntos aprobados por los miembros del Consejo de Gobierno en su reunión de ayer, Antonio Castro citó además un acuerdo propuesto por la Consejería de Economía y Hacienda para establecer a qué consejerías quedan asignadas las diferentes empresas públicas que dependen de la Comunidad Autónoma.

Éstas se concentran en mayor medida en la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a la que se adscriben la Sociedad Anónima de Gestión del Polígono El Rosario, Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias; Gestión Urbanística de Las Palmas; Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife y Transportes Interurbanos de Tenerife.

Le siguen en número de sociedades adscritas los departamentos regionales de Turismo, que reúne a la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio; Hoteles Escuela de Canarias, Canarias Congress Bureau Maspalomas; Canarias Congress Bureau Tenerife Sur y Proyecto Monumental de Tindaya; y de Economía y Hacienda, con Gestión Recaudatoria de Canarias, Sociedad Canaria de Fomento Económico y Sofesa San Antonio Incorporation. Dos de las sociedades han quedado adscritas, además, a dos consejerías a la vez: la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, dependiente de Industria pero también de Economía, y Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, asignada tanto a Sanidad como a Presidencia y Justicia.

Por otra parte, el Gobierno expresó su disconformidad con la proposición de ley presentada por el PSC-PSOE para eliminar las listas de espera sanitarias, por considerar que generaría 159 millones de euro de gasto añadido y pondría en quiebra el sistema de salud.

Así lo anunció la vicepresidenta y consejera de Sanidad, María del Mar Julios, al término del Consejo de Gobierno. Subrayó que la proposición del PSC-PSOE, que prevé que la Administración autonómica se comprometa a tratar en un plazo máximo predeterminado a los usuarios del sistema de salud, "no establece ningún criterio de patologías ni de tipo de asistencia", por lo cual obligaría a atender o a desviar a centros privados a cualquier persona, independientemente de que su caso fuera grave o no.

Julios consideró más razonable y viable aplicar medidas como la puesta en marcha por el Servicio Canario de Salud mediante una orden que fija "tiempos de espera de referencia máximos" para trece patologías concretas, cuyos afectados pueden exigir que se les costee la atención en un centro privado si en cinco meses no se les atiende en uno público.