N.M., S/C de Tenerife
Con satisfacción evidente tras conocerse la noticia de que la Fiscalía había pedido archivar las diligencias previas abiertas contra miembros del Gobierno por la tramitación de la urbanización Anfi Tauro, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Becerra, apuntó ayer a la tesis, repetida en los últimos días, de que los detalles de esta causa han sido filtrados interesadamente con la única intención de hacer daño al Gobierno, que ha visto cómo cinco días después de iniciar su recorrido judicial el caso ha desaparecido sin dejar rastro alguno de irregularidad penal.
Becerra compareció ante los medios de comunicación apenas dos horas después de que se hiciera pública la decisión de la Fiscalía para reiterar, ya hecha pública la decisión de la Fiscalía, que "ni el presidente ni nadie del Gobierno de Canarias están involucrados en caso alguno de tráfico de influencias sobre el expediente Anfi Tauro", un caso que calificó como "una inesperada, increíble e infundada derivación del llamado caso Mogán".
El portavoz del Ejecutivo, quien avanzó que hasta hoy no comparecerá el presidente, recordó que la tesis de la inocencia ha sido mantenida desde el principio, lo que había llevado al Gobierno a pedir a la Fiscalía la máxima celeridad para resolver la cuestión. "Ya dije el viernes -reiteró- que el Gobierno de Canarias se ha ajustado absolutamente a la legalidad en la tramitación del expediente turístico y que estaba seguro de que las investigaciones judiciales sobre este caso exonerarían de toda responsabilidad a los miembros del Ejecutivo", añadió Becerra.
Para el también viceconsejero de Presidencia, los detalles de las conversaciones con el empresario Santiago Santana Cazorla eran "meros indicios circunstanciales" que habrían sido filtrados con "evidente ánimo de lastimar", al tiempo que subrayó el daño que esta cuestión podría haber hecho a la institución política más importante de Canarias.
"Todos los canarios nos podemos sentir alegres por las conclusiones del fiscal", explicó, porque, de esta forma, "la realidad está demostrando que no puede ponerse en solfa el buen nombre y la honradez del máximo representante de todos los canarios, al no apreciarse -por quien tiene que hacerlo- fundamentos solventes para ello".
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