Los escollos de un proyecto estrella

La ley de Dependencia que se supone ha entrado en vigor, con todo alarde de propaganda desmedida, el pasado 1 de enero, y que como sin duda ustedes sabrán, es una ley que pretende la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, ha encontrado su primer escollo al constituirse el Consejo Territorial, que es el órgano encargado, precisamente, de desarrollar y perfilar las cuestiones más básicas de la norma, así como el de establecer los criterios del reparto de las subvenciones, sus importes, y el sistema de control de lo mismos.

El consenso ha durado escasamente un mes; siendo el motivo de la discrepancia la composición de dicho Consejo: 19 representantes de las comunidades autonómicas, dos de ellos correspondientes a las ciudades de Ceuta y Melilla, más dos que corresponderían a la Federación Española de Municipios y Provincias; y, aparte, los 12 representantes de la Administración central, entre los que se incluye el ministro Caldera. Esta composición, entiende la Oposición, se aleja de lo normalmente establecido en otros Consejos similares donde la representación de la Administración se ciñe a un sólo miembro del Gobierno y, por tanto, en este caso, dice el PP: "Se ha constituido un órgano con una mayoría que será la del gobierno que esté de turno, y donde no se garantiza la representación territorial de las comunidades, que además, tienen transferidas las competencias exclusivas en materia de servicios sociales".

La cuestión no es baladí, si tenemos en cuenta que el Consejo Territorial tendrá que definir cuáles serán las clases de servicios que las administraciones oferten a las personas dependientes, así como concretar el precio a pagar por el usuario de esos servicios. Pero si estas y otras decisiones se tomaran por mayoría simple, como pretende el Gobierno, en vez de por unanimidad, como exige la Oposición, está claro que el Gobierno podrá hacer y deshacer según sus intereses y conveniencias; ninguneando a las comunidades autónomas que son, en definitiva, las que tienen transferidas dichas competencias.

Por otra parte, la fundación BBVA ha emitido un informe titulado "Longevidad y dependencia en España", que ha resultado demoledor a la hora de establecer la realidad económica y presupuestaria que hace difícil, si no imposible, el poner en práctica dicha ley, al menos de acuerdo a unos principios básicos de objetividad y eficacia; ya que, para comenzar, haría falta un mínimo de 400 millones de euros, que no son nada comparados con los miles de millones más que costaría mantener la operatividad de dicha ley. En dicho informe se evalúa precisamente el coste individual de los cuidados que dichas personas dependientes necesitarían en función de su grado de discapacidad, ya sea ésta física, psíquica, mental o intelectual. Según dicho informe, en España existen actualmente tres millones y medio de personas dependientes, de las que dos millones -entre ellas, 800.000 ancianos-, tienen una discapacidad total. En Canarias tenemos 49.047 personas mayores de 65 años con algún tipo de discapacidad; siendo el coste medio de su atención de unos 10.495 euros anuales.

Los deseos son muchos, pero las prisas y el quedar bien, aunque sea en el BOE, se dan a menudo de bruces con la cruel realidad presupuestaria; ya que en la ley aprobada en diciembre del 2006 por el Congreso de los Diputados, sus señorías no fueron capaces de fijar un porcentaje de gasto que asumirían las distintas administraciones públicas; y, realmente, es una pena, porque dicha ley ha suscitado unas enormes expectativas sociales, y no sería justo que, debido a unas estrategias políticas y estrictamente coyunturales, se perdiera una oportunidad única y, a todas luces, necesaria.

Por todo ello, es necesario y urgente que el Gobierno central adopte unas políticas más realistas encaminadas a garantizar el cuidado y la atención de todas esas personas, que por algún motivo o circunstancia, tienen la necesidad de recibir la asistencia o los cuidados de parte de un tercero; debido a que una limitación física, psíquica o intelectual, les impide realizar por sí mismos, las actividades que deben desarrollar en su vida cotidiana, implantando para ello, bien una prestación económica, bien unos determinados servicios, o una posible combinación de las dos anteriores; así como incentivar el cuidado y la prevención llevando a cabo, en lo posible, una vida saludable.

Estamos hablando de la obligación moral que la sociedad en su conjunto tiene de cuidar y de velar tanto por sus mayores, como por los más desvalidos. Esto es un tema de Estado en el que la Administración se juega la credibilidad en su actuación de sacar adelante, nada menos, que el Estado de bienestar.

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