Pasotismo autonómico

BASTA CONSULTAR la última encuesta del CIS -y también la antepenúltima, y la anterior, y todas ellas desde hace bastantes años- para comprobar que la situación política de su propia comunidad autónoma no es lo más preocupante para los españoles, sean de donde sean y militen en el partido en que militen, si es que tienen el carnet de alguno. Los andaluces, los castellanos, los canarios, la mayoría de los cuarenta y tantos millones de personas que viven en este país, piensan que el paro es el problema más importante, y la vivienda el más preocupante en el ámbito personal. Cuando se les pregunta qué asunto les afecta más, sólo uno de cada cien cita la corrupción y el fraude. Son menos del tres por ciento quienes piensan que la situación de los partidos y, de forma concreta, lo que hacen los políticos, les perjudica directamente. Por añadidura, sólo el cuatro por ciento de los españoles consideran que la clase política es el principal problema de España. La política, en definitiva, importa bastante poco.

¿Y la política autonómica? Lo ocurrido el domingo en Andalucía es la mejor muestra. Cabe preguntarse por qué, máxime cuando lo que se hace o se deja de hacer desde un gobierno autónomo atañe al ciudadano de manera directa. Pero ni aún así. Dos de cada tres andaluces pasan de reformas estatutarias. Acaso el hombre de la calle -y la mujer también, claro- ha llegado a comprender que las autonomías han perdido en gran parte su principal razón de ser: acercar la administración al administrado y resolverle sus problemas con más celeridad. En definitiva, hacer más feliz a la gente, por aprovechar esa tan denostada idea de Adán Martín. El resultado real dista mucho no ya de la felicidad, sino de un mínimo bienestar. Ser feliz implica, entre otras cosas, dormir tranquilo; pero resulta difícil un sueño sosegado cuando uno teme hasta ponerse enfermo y verse en el vía crucis de las listas de espera. Cuando se mira con preocupación el futuro de un modelo económico insostenible. Cuando no se sabe en qué acabará el fenómeno inmigratorio, convertida España en ese perfecto coladero que apunta el PP. Cuando se teme no ya sólo salir a la calle después de ciertas horas, sino incluso quedarse en casa, habida cuenta que ahora desvalijan las viviendas con sus moradores dentro. Para qué seguir.

Lejos de centrarse en atender estas necesidades, los gobiernos autónomos juegan a la Política con mayúsculas. Al amparo del llamado Estado autonómico, se ha dividido al país en reinos de taifas amantes de lo propio y excluyentes de lo ajeno, con un denominador común final: insolidaridad regional y debilitamiento de fronteras hacia fuera, inclusive en la propia UE. Todo ello adobado con el convencimiento inducido de que no hay otra vía posible, cuando otros países -Francia, sin ir más lejos- funcionan bastante mejor que España, en muchos aspectos, prescindiendo de esquemas autonómicos. Al final, hemos convertido una herramienta útil -la descentralización suponía y supone importantes ventajas, sobre todo en regiones como Canarias- en algo más engorroso, y sobre todo más costoso, que práctico. Por eso al ciudadano medio le trae sin cuidado el estatuto, reformado o no.

rpeyt@yahoo.es