EFE, Caracas
La Fiscalía venezolana investiga una supuesta red encargada de facilitar a terceros contratos con el Estado a cambio de millonarias comisiones, que tan sólo en un proyecto de infraestructura con participación de Irán implicaría una pérdida patrimonial para Venezuela de 117,2 millones de dólares.
Hasta ahora hay tres personas imputadas por las irregularidades detectadas en el plan venezolano-iraní de construcción de infraestructura industrial, un proyecto acordado en el marco de un amplio convenio de cooperación bilateral firmado en agosto del 2004, informó ayer el diario Últimas Noticias de Caracas.
Los imputados son Ana Bolívar de Marzal, representante de la sociedad mercantil Bolperca; Ana Dilia Hernández, funcionaria del Ministerio para la Economía Popular, y Néstor Blanco, todos en libertad a la espera de la resolución final del Ministerio Público, aseguró el diario al citar informes judiciales.
El daño patrimonial por las irregularidades en la contratación de empresas privadas para la ejecución de las obras ascendería a 252.000 millones de bolívares (117,2 millones de dólares), la totalidad del presupuesto, debido a que dichos contratos se rescindieron sin que se haya culminado los trabajos, según el diario caraqueño.
La misma fuente indicó que las presuntas comisiones cobradas por la red de corrupción oscilarían entre el 24 y el 26 por ciento del costo de la obra, sin mayores precisiones.
El plan venezolano-iraní, cuya ejecución comenzó a mediados de 2005, prevé la construcción de infraestructuras para la instalación de plantas procesadoras de maíz, leche, inyección de plástico, piezas para el automóvil y módulos para cámaras de enfriamiento, en los 24 estados del país.
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