N. MARTÍN, S/C de Tenerife
En las próximas elecciones cada voto tendrá una importancia decisiva. Y más si esos sufragios se pueden contar por miles, como ocurre con los que emiten los canarios en el exterior. Para evitar que, como pasó en 2003, una buena parte de ellos no entren en el escrutinio, el Gobierno de Canarias pretende que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que prevé ampliar el plazo para la admisión de los votos de la emigración a la Cámara.
En los comicios autonómicos de 2003 los sufragios de los españoles residentes en el exterior se convirtió en un asunto polémico, ya que que al menos 3.500 de ellos no fueron contabilizados y porque los que sí lo fueron modificaron los resultados, otorgando un escaño más a Coalición Canaria por El Hierro.
El anteproyecto de ley enviado ayer por el Gobierno al Parlamento tras recibir un informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias no modifica los tres días de recuento. Hasta ahora, el escrutinio comenzaba tres días después de cerrar los colegios electorales y se cerraba el sexto día.
Con la ampliación propuesta, los sufragios empezarán a sumarse al octavo día tras los comicios y concluirán tres días después. De esta forma, los votos de los emigrantes en países como Venezuela, Cuba o Argentina tendrán tiempo de sobra para llegar a Canarias sin que se produzcan retrasos de última hora.
Petición del colectivo
Ante las susceptibilidades que una medida de estas características podría suscitar, el secretario del Consejo de Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, defendió ayer que la medida responde a "una petición de los emigrantes españoles en el Consejo de la Emigración que ya ha sido atendida en otras comunidades autónomas", al tiempo que aseguró que lo que pretende el Ejecutivo es "garantizar el pleno derecho de los emigrantes al voto".
Castro Cordobez recordó que hay muchas más dificultades para contar el voto de los españoles residentes en el exterior que para quienes viven en Canarias, ya que los primeros dependen para llegar a tiempo de la celeridad de los servicios de correos.
El voto de los emigrantes tiene en Canarias una importancia numérica nada despreciable. En 2003 tenían derecho a ejercerlo en las Islas 42.788 personas, aunque finalmente sólo lo hicieron 11.600 para el Parlamento y unas 12.000 para ayuntamientos y cabildos, pese a lo cual lograron modificar algunos resultados entre acusaciones de los partidos de la oposición por las condiciones de falta de transparencia en las que se emiten esos votos.
Un peso fundamental
Para la cita electoral de este año, y con los datos del censo de febrero, son 66.403 los votantes en el extranjero que están llamados a las urnas, de los cuales la gran mayoría -51.435- están inscritos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la que sufrió con mayor rigor el fenómeno de la emigración.
En esta provincia, su peso es especialmente en las islas de La Gomera y La Palma. En la primera, los emigrantes suponen al menos un tercio de los potenciales votantes en municipios como Agulo, Hermigua y Vallehermoso.
En La Palma, municipios como Garafía, Villa de Mazo o San Andrés y Sauces tienen importantes porcentajes de sus votantes en el exterior, mientras que en Tenerife destacan localidades como El Tanque, Icod de los Vinos, Buenavista del Norte o Los Silos a los que, no obstante, no les afecta la ley que el Gobierno pretende aprobar, que se refiere únicamente a las elecciones al Parlamento.
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