N.M., S/C de Tenerife
Los representantes sindicales del colectivo del personal laboral temporal de la Comunidad autónoma acudirán hoy a la asamblea de trabajadores con una propuesta: suspender la huelga indefinida que mantienen hasta el próximo lunes.
Un hecho que se produce en medio de unas declaraciones del Gobierno regional en las que asegura que no negociará con ellos para que su actitud no se analice en clave electoral.
Así lo aseguró ayer el portavoz del Ejecutivo, Miguel Becerra, que, pese a admitir que "estos trabajadores pueden tener parte de razón en sus planteamientos", añadió que "no es el momento de iniciar negociaciones, a tres meses de las elecciones, porque la ciudadanía podría entenderlo como una cesión por motivos electorales". "Será el nuevo Gobierno el que deba afrontar este proceso", dijo.
A pesar de esta declaración previa, poco después se iniciaba en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife una reunión de más de dos horas en la que participaron el propio Becerra, el viceconsejero de Administraciones Públicas, Urbano Medina, y el director general de la Función Pública, Juan Manuel Santana.
Tras ese encuentro, los sindicatos aseguraron que el Ejecutivo tenía intención de seguir "dialogando" y de "buscar una salida al problema", por lo que como señal de buena voluntad la huelga se suspenderá hasta, al menos, el próximo lunes, según explicó el miembro del comité de huelga José Antonio Pérez, que admitió que el Gobierno "no va a negociar porque tiene muchas cosas abiertas y no puede dar sensación de que cede", pese a lo cual "entiende que es un problema delicado y que supone que muchas familias se queden sin trabajo", añadió.
El origen de la crisis
La crisis entre el Gobierno y este colectivo se abrió después de que éste sacara a concurso de méritos un total de 1.508 plazas, la mayoría de las cuales, 1.075, estaban ya ocupadas por trabajadores temporales de la Comunidad autónoma, que no pueden presentarse al concurso y que, por tanto, se quedarían sin empleo a partir del mes que viene.
Según denuncian las centrales sindicales, estos trabajadores tienen una antigüedad media en la Administración de siete años. No obstante, hay incluso algunos que llevan 18 años trabajando en el mismo puesto.
El Ejecutivo, por su parte, considera que los mecanismos alternativos que ofrece son suficientes para paliar los efectos nocivos del concurso de méritos.
Entre las medidas que asegura estar dispuesto a poner sobre la mesa figuran la de ofertar al personal laboral temporal las plazas que abandonen los fijos gracias al concurso.
El Gobierno ha ofrecido también una bolsa de empleo y ofrecer un concurso público en el que estos trabajadores tengan prioridad.
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