EFE, S/C de Tenerife
La Comisión de Turismo y Transportes del Parlamento de Canarias dictaminó ayer con un amplio acuerdo el proyecto de ley de Ordenación de Transporte Marítimo de Canarias, que regula los derechos de los pasajeros y liberaliza la prestación de estos servicios entre las Islas sin que las empresas necesiten una resolución administrativa expresa. Para la aprobación definitiva de la ley, sólo quedan para el pleno algunas enmiendas vivas de PP y PSC sobre determinados requisitos y plazos que no afectan al contenido de la norma.
La regla esencial en que se basa esta ordenación es la libertad para prestar los servicios de transporte marítimo, ya que las empresas sólo tienen que comunicar a la Administración el inicio de la actividad para que ésta verifique los requisitos de seguridad, capacidad y regularidad. Este régimen de comunicación previa no precisa de resolución administrativa expresa, según el proyecto de ley.
En las líneas que se consideren esenciales para garantizar el transporte y en las que la oferta del mercado sea insuficiente, se podrá exigir como condición para su prestación el cumplimiento de obligaciones de servicio público. El Gobierno canario podrá determinar las líneas que se consideren indispensables y fijar las condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad de prestación y precio.
En estos casos, se podrá someter estos servicios a un régimen de autorización administrativa previa y reglada, con imposición de obligaciones de servicio público y queda abierta la posibilidad de que el cumplimiento de las obligaciones de regularidad y frecuencia sea repartido entre los operadores autorizados. Cuando no se alcance la suficiencia del servicio en estas líneas indispensables, también se podrá conceder una compensación económica para asegurar su viabilidad.
La Ley también regulará los derechos y los deberes de los pasajeros, que disfrutarán de un régimen similar al vigente en el transporte aéreo.
Como novedad, esta norma considera de interés público no sólo las conexiones marítimas entre las islas, sino también la protección del ecosistema marino interinsular, por lo que se podrá limitar la libertad de transporte marítimo cuando sea necesario para proteger las aguas.
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