COLPISA, Barcelona
El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer un paquete de medidas que, en la práctica, se traducirá en que unas 20.000 familias con renta baja recibirán una aportación económica directa para pagar el alquiler de sus viviendas a lo largo de la legislatura, según explicaron fuentes gubernamentales. Es la primera vez que un Ejecutivo autonómico adopta una decisión de esta naturaleza.
Esta medida forma parte de una serie de compromisos incluidos en el Plan de Gobierno del tripartito hasta el año 2010. En el anterior Gobierno del tripartito unas 8.500 familias con elevado riesgo de exclusión social recibieron ayudas económicas para el alquiler. La mayoría de los beneficiarios fueron personas mayores de 65 años, mujeres maltratadas, familias monoparentales e inmigrantes.
Expropiar pisos vacíos
El consejero de Medio Ambiente y Vivienda anunció que su departamento impulsará los denominados "alquileres justos", una disposición que pretende, sobre todo a través de los municipios, que los propietarios pongan en el mercado de arrendamiento pisos vacíos. Esta iniciativa estipula que el alquiler no puede superar el 30% de la renta del inquilino. A cambio, la Administración autonómica se compromete a subvencionar hasta con 6.000 euros al propietario cuya vivienda haya sufrido destrozos por parte del inquilino y necesite una rehabilitación. La Ley del Derecho a la Vivienda aprobada recientemente por el Parlamento de Cataluña, con los votos en contra de CiU y PP, prevé la expropiación de pisos vacíos para fomentar el alquiler. La ley perseguirá a los propietarios que practiquen el "mobbing inmobiliario", a quienes tengan "pisos patera" y a los que especulen con sus casas vacías. En algunos "casos muy graves" se podrá sancionar al propietario con multas de hasta 200.000 euros.
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