COLPISA, Madrid
El PP rechazó ayer apoyar las reformas impulsadas por el Gobierno en el seno de la Guardia Civil por considerar que constituyen una "desmilitarización encubierta" del instituto armado. Los populares anunciaron su "oposición ro-tunda" a toda iniciativa que mitigue su carácter castrense, incluida la atenuación de su ré- gimen disciplinario, y acusaron al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de acelerar la tramitación de esas innovaciones presionado por los miles de agentes que en enero se manifestaron de uniforme en Madrid.
El PP avanzó su rechazo a esas modificaciones durante la comparecencia de Rubalcaba ante la comisión de Interior del Congreso para dar a conocer los proyectos de ley de Reforma del Régimen Disciplinario y de Derechos y Deberes de los guardias civiles. Entre otras innovaciones, estos textos eliminan el arresto como sanción disciplinaria, reservan la aplicación del Código Penal Militar al tiempo de guerra y a las misiones castrenses, y regulan el derecho de asociación en el insti-tuto armado. El Ejecutivo dio el viernes luz verde a ambos y los remitió a la cámara para su tramitación.
"Incongruente"
La portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, denunció la reforma propuesta en el régimen disciplinario por considerarla "incongruente" y porque "supone la práctica desmilitarización de la Guardia Civil. "En toda reforma tendente a la desmilitarización nos tendrán a nosotros enfrente", anunció Sánchez, quien vaticinó que un cambio de naturaleza en el instituto armado afectará a su eficacia y a la disciplina de sus miembros. Sánchez acusó al ministro de actuar "bajo presión" en la elaboración de estos proyectos. "Lo que no han hecho en tres años, lo hacen en un mes", recalcó.
El PP fue el único grupo parlamentario que reprochó al titular del Interior el haber tolerado la concentración, el 20 de enero, de miles de guardias civiles en la Plaza Mayor de Madrid para reclamar la desmilitarización del cuerpo. Veinte dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) están expedientados por participar en aquel acto. Los portavo- ces de IU y PNV, Isaura Navarro y Emilio Olabarría, pidieron ayer a Rubalcaba benevolencia hacia estos agentes, que -señalaron- fueron a manifestarse en el ejercicio de un derecho recogido en la Constitución.
El titular de Interior insistió en que los expedientes seguirán su curso porque la obligación del Gobierno es "hacer cumplir la ley", y más -puntualizó- cuando los sancionados pertenecen a un cuerpo de seguridad.
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