L a escandalosa decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de que la niña "Piedad" sea ingresada en un centro de acogida mientras se resuelve la apelación a la sentencia de julio de 2006 que devolvía a la menor a su madre biológica ha sido el acicate para que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales haya anunciado tan sólo "la posibilidad" de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Pero la iniciativa llega tarde -eso sin tener en cuenta el tiempo que le llevará al alto tribunal considerar, admitir y decidir sobre lo que se le plantea-, puesto que la familia preadoptiva de "Piedad" le lleva la delantera en meses, ya que presentó su propio recurso de amparo al Constitucional por el mes de octubre del año pasado.
Esta tardía acción no deja de ser un hito más en toda la tibia actuación que ha seguido la Dirección General del Menor en el caso de esta niña, que debía ser "su niña", puesto que a esa Dirección General corresponde su guarda y custodia, de tal modo que -creo que se lo dije a él en persona- José Luis Arregui vendría a ser ahora mismo como el "padre" de la pequeña.
Pese a ello, las declaraciones y meros deseos han superado en mucho a las acciones reales, con graves tropiezos como que el propio recurso presentado por sus servicios jurídicos se viera cuestionado por la jueza -no así el de la familia adoptiva, mucho más certera en todas sus acciones- y solventado por la Audiencia de Las Palmas, que finalmente lo ha admitido a trámite.
La defensa de la niña por parte de la Dirección del Menor ha dejado mucho que desear, pese a sus informes y afirmaciones de viva voz acerca de que la niña no debe volver con su madre biológica por los mismos motivos que llevaron a que se declarara su desamparo.
Para ser más clara: si yo me viera atada de pies y manos para defender que no me quitaran a mi hija, no quisiera que semejante tarea correspondiera a la Dirección del Menor, a sabiendas de su docilidad pasmosa frente a una jueza que aún nadie ha descifrado su proceder, de momento impune.
A diferencia de la institución que más debió proteger a la niña y menos a sí misma, y salvo reconocerle que fuera "incapaz" de hacerse con la niña y llevarla ante la jueza que tanto la reclama, la actual familia de la niña ha sido la única en oponer una férrea resistencia a la injusticia. Lo que parece ser que la magistrada interpreta como una afrenta y así nos va.
Entre tanto, el auto de la Audiencia se parece más a la decisión sobre un inmueble de alquiler, en la que se pide al inquilino que restablezca el estado del piso a como estaba cuando lo alquiló, que una delicada resolución judicial sobre una niña de cinco años.
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