Alberto Amorós "no coaccionó"

La Mesa del Parlamento no sólo rechazó ayer la solicitud socialista para enviar todo lo relacionado con las comisiones de investigación al juzgado. También hizo lo mismo con otro escrito que presentó el PSC, en el que se aportaba una copia de las declaraciones que el ex director general del Tesoro, Alberto Amorós, realizó al periódico EL DÍA , en las que arremetía contra la comisión de investigación parlamentaria que se encargaba de analizar su gestión al frente de este departamento en las dos pasadas legislaturas, y apuntaba que estaba dispuesto acudir a los tribunales si es necesario para demostrar su inocencia, ante el dictamen que los grupos parlamentarios estaban ultimando en ese momento, y que después se cambió, en el que se le pedían responsabilidades políticas y se confirmaban diversas irregularidades. El PSC considera que si la Mesa envió la pasada semana a la Fiscalía unas declaraciones a otro medio de comunicación del militante socialista José Francisco Henríquez en la que apuntaba que se querellaría contra los diputados que apoyaran el dictamen en el que se responsabiliza del "caso Amorós", al considerar que esas manifestaciones podrían ser una coacción a la libertad de actuación parlamentaria y constituir, por tanto, un delito de tipo penal, se deben considerar de la misma forma las declaraciones que hizo Amorós. La Mesa, sin embargo, entiende que en las manifestaciones de este último no existe una "amenaza directa", por lo que se rechazó enviar el asunto al fiscal. Para el portavoz del PSC, Francisco Hernández Spínola, eso pone de manifiesto una vez más la "arbitrariedad y sectarismo" con la que está actuando el órgano de gobierno de la Cámara que, en su opinión, "aplica distintas varas de medir al decidir inhibirse en este caso". Spínola afirmó que la Mesa se suma así "al caótico final de legislatura" que se está viviendo en el Parlamento regional, al demostrar que la "excepción en los procedimientos" es la regla de funcionamiento habitual para este órgano, afirmó.