N. MARTÍN, S/C de Tfe.
La propuesta socialista para rebajar las barreras del sistema electoral canario no será debatida en el Pleno del Parlamento, pero la iniciativa promete dar mucho de sí en los próximos meses, después de que el candidato de este partido a la presidencia, Juan Fernando López Aguilar, anunciara ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional por lo que considera una violación por parte de nacionalistas y populares al derecho de su grupo a la iniciativa parlamentaria.
Ambos partidos unieron ayer sus votos en la Mesa de la Cámara para bloquear de manera definitiva la tramitación de la enmienda al proyecto de ley que pretende reformar la legislación electoral vigente para retrasar el plazo de escrutinio de los votos de los emigrantes canarios en las próximas elecciones autonómicas.
El recurso ante la Mesa era la última posibilidad que tenían los socialistas de resolver la negativa al debate de su propuesta por los otros dos grupos mayoritarios, que un día antes habían decidido en comisión no tramitar la enmienda socialista, dirigida también a modificar la ley electoral.
Pasar lo blanco por negro
El argumento de ambos es un informe jurídico solicitado a la Secretaría del Parlamento que establece que las enmiendas sólo pueden ser tramitadas cuando son coherentes con el objeto legislativo, una coherencia que los servicios jurídicos consideran que no existe en este caso.
La decisión de que su propuesta no llegue siquiera a debatirse no dejó indiferente al candidato socialista, que advirtió de que la situación "conculca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que interpreta como derecho fundamental la presentación de enmiendas en la labor parlamentaria".
Pese a asegurar que su partido está a favor de ampliar el plazo para el recuento de los sufragios de los emigrantes, se mostró convencido de que, en este caso, la iniciativa del Gobierno no tiene que nada que ver con los derechos de estos ciudadanos "sino con lo que CC calcula que puede hacer con los votos", al tiempo que recordó que la reforma se presentó pocas semanas antes de las elecciones y que será aprobada "cuando ya se han convocado".
López Aguilar subrayó que CC "cambia de forma torticera las reglas" a pesar de que se trata de "una iniciativa legislativa de última hora que afectará a la configuración del Parlamento que viene".
Estas iniciativas, que forman parte de accidentado final de legislatura del Parlamento, llevó a López Aguilar a acusar a nacionalistas y populares de ofrecer un "recital de deterioro democrático, incompetencia y mediocridad" al sacar adelante, entre otras cuestiones, las conclusiones de las comisiones de investigación de la Cámara que "tratan de hacer pasar lo negro por blanco y la mentira por verdad sólo porque vaya a quedar así impreso".
El candidato socialista se refirió también a las preguntas parlamentarias presentadas en el último Pleno del Parlamento por CC en las que se aludía a declaraciones suyas. A su juicio, se trataría de la intención de los nacionalistas de ofrecer "barra libre al Gobierno para atacar a un líder político de la oposición falseando la función de control al Ejecutivo".
el análisis
El informe de la discordia
Un informe de la Secretaría General del Parlamento se encuentra en el origen de la polémica en torno a la negativa de CC y PP a que se lleve al pleno la enmienda de los socialistas que pretendía modificar la ley para rebajar a la mitad las barreras electorales del sistema canario. La enmienda fue presentada por el PSC después de que el Gobierno enviara un proyecto de ley a la Cámara en el que proponía también cambiar la legislación electoral, pero en este caso para retrasar el recuento de los votos de los canarios residentes en el exterior.
El informe de la Secretaría hace referencia a la jurisprudencia adoptada por el Tribunal Constitucional a partir de 1990 sobre la presentación de enmiendas en el proceso legislativo.
En este documento se argumenta que es necesario que las enmiendas tengan correlación directa con el objeto que persigue el proyecto de ley e interpreta que éste es únicamente la modificación de los plazos del escrutinio, lo que contradice la opinión del PSC, que defiende que tanto la propuesta del Gobierno como su enmienda se dirigen a cambiar la ley electoral, por lo que entienden que no existe contradicción alguna.
El polémico informe sostiene, no obstante, que no es suficiente con que esta correlación sea general, al tiempo que asegura que si alguna vez se han aceptado enmiendas que contradicen el objeto de una ley, esto no justifica que vuelva a ocurrir y advierte de que es necesario argumentarlo cuando se quiera hacer de nuevo.
El informe deja como alternativa la presentación de una proposición de ley.
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