COLPISA, Madrid
La Fiscalía se ha puesto en acción para evitar que el "caso Díaz de Mera" ponga en cuestión la credibilidad del juicio del 11-M. El Ministerio Público pidió ayer al tribunal que juzga los atentados que cite a declarar a los tres agentes que el ex director general de la Policía ha implicado en la elaboración de un supuesto informe que vincula a ETA con la masacre y que los interesados niegan. También ha reclamado la comparecencia de la fuente que presuntamente reveló al hoy eurodiputado del PP la existencia de ese documento en septiembre de 2006.
Acceda o no el tribunal a su petición, dos de los cuatro policías ya están citados a declarar por otros asuntos, con lo que tendrán oportunidad de exponer su versión y defenderse de las imputaciones de Díaz de Mera. Fuentes jurídicas precisaron que los magistrados no decidirán de inmediato, ya que deben trasladar a las partes la petición de la Fiscalía y, después, esperar a que éstas hagan sus alegaciones. Indicaron, además, que lo más probable es que el tribunal no conceda a la fuente de Díaz de Mera la condición de testigo protegido, ya que su identidad, Enrique García Castaño, ha aparecido en los medios hasta la saciedad en los últimos días, a pesar de las indi- caciones judiciales.
Informe "manipulado"
Díaz de Mera rectificó su negativa inicial a revelar la identidad de su informador en una carta que remitió al tribunal la semana pasada. Sostiene Díaz de Mera en la misiva que García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo durante el 11-M, le contó que el primer comisario general de información que nombró el actual Gobierno, Telesforo Rubio, encargó en 2005 al jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), Domingo Pérez Castaño, la elaboración de un estudio sobre las presuntas conexiones de ETA con los islamistas.
Éste, según la versión de Díaz de Mera, estableció de forma preliminar algunas conexiones y Rubio decidió sustituirle en el cargo por José Cabanillas. De Mera afirma que Castaño se hizo cargo del informe y lo "manipuló y omitió las referencias a las conexiones y a las vías de investigación a seguir". Otros dos agentes se encargaron de la redacción final, antes de ser enviado el documento al juez instructor, Juan del Olmo.
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