RAÚL SÁNCHEZ, S/C de Tfe.
Las medidas de presión de los colectivos afectados por proyectos de demolición de viviendas en el litoral de Tenerife incluían hasta ayer campañas de recogida de firmas, concentraciones, manifestaciones, encadenamientos e, incluso, actos de sabotaje y huelgas de hambre. Incluían, en tiempo pasado, porque los vecinos de Cho-Vito, en Candelaria, anunciaron ayer una medida sin precedentes para salvar sus viviendas de una demolición anunciada: amenazan con un suicidio colectivo antes de las elecciones del 27 de mayo, si no se garantiza la supervivencia de su pequeño barrio.
Tomás González y Manuel Fajardo ofrecieron ayer una rueda de prensa en el recibidor de entrada del edificio de Usos Múltiples I, sede de oficinas del Gobierno de Canarias y de la Dirección General de Costas, en la que aseguraron que "las 31 familias afectadas por los derribos previsto en Cho-Vito han decidido que el suicidio colectivo es la única alternativa ante la pasividad de las administraciones públicas".
González y Fajardo insistieron en que no adoptarán otras medidas de presión menos drásticas para garantizar la conservación de Cho-Vito, ni plantearán un ultimátum a las autoridades. Simplemente advirtieron de que, "en cualquier momento", los políticos que optan a cargos públicos "pueden afrontar las próximas elecciones con la muerte de varias personas en sus conciencias".
"Vamos en serio"
Fajardo aseguró, visiblemente exaltado, que "el suicidio colectivo va muy en serio" y que "a lo mejor el día menos pensado hay una sorpresa y el que les habla habrá perdido la vida. Y cuando eso ocurra ya no habrá vuelta atrás". Mientras, y durante toda la rueda de prensa, una decena de vecinos escuchaban aparte o sostenían una pancarta en la que podía leerse un lema al filo de lo increíble: "El suicidio colectivo, la única solución para los vecinos de Cho-Vito".
Fajardo se quedó corto al anunciar que este suicidio colectivo "será noticia nacional" y defendió con vehemencia que tiene "la firmeza y convicción de que esa medida radical será una realidad". Además, sentenció que quitarse la vida "no será una huida ni una cobardía, sino un acto de responsabilidad para salvar Cho-Vito".
Ante el estupor de los presentes, los portavoces de los afectados recalcaron que, "si la demolición de Cho-Vito no se paraliza, se va a producir un suicidio colectivo. No lo duden, y todos los políticos canarios serán los responsables".
El macabro anuncio pilló por sorpresa a dos de los presentes, simpatizantes de la causa vecinal, que reaccionaron con dos preguntas: una entre incrédula y reprobatoria, "¿están locos?", y otra entre desesperada y pedagógica, "¿por qué no optan por una medida menos grave?". La respuesta de los convocantes fue clara: "La decisión está tomada y nuestras vidas están ahora sobre la mesa. Antes muertos que rendidos". González insistió en la justificación del suicidio: "Yo no tengo nada que perder, sólo mi casa".
"Un legado cultural"
Los vecinos afirman que no defienden sólo sus casas, "sino un legado cultural, un antiguo poblado de pescadores que, según los informes de algunos profesores de la Universidad de La Laguna, podría ser declarado Bien de Interés Cultural". A juicio de González, "el pacto de caballeros al que llegamos con el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García (PSC), y el vicepresidente del Cabildo, José Manuel Bermúdez (CC), se ha roto. Nadie ha movido un pelo desde hace mucho para que se respete Cho-Vito".
Sólo tres medios de comunicación acudieron a la rueda de prensa de los vecinos, una convocatoria que se anunciaba para "dar a conocer la desesperada situación que vive actualmente el poblado marinero de Cho-Vito y explicar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra lucha". Nadie podía imaginarse que el Edificio de Usos Múltiples I iba a acoger el anuncio público, probablemente por primera vez en la historia, de un suicidio colectivo, mucho más allá de manifestaciones o huelgas de hambre.
"¿Van a tirar Radazul, los hoteles o Punta Brava?"
Los afectados por los derribos en Cho-Vito insisten en que sufren un trato discriminatorio por parte de las administraciones públicas y se preguntan si, después de demoler sus viviendas, "¿van a tirar también el barrio portuense de Punta Brava, los edificios de Radazul, los hoteles pegados a la costa o la casa del alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, y el negocio de su padre?". Tanto González como Fajardo insistieron en que ningún partido ha defendido Cho-Vito y en que las sentencias contrarias a sus intereses no son insalvables, "tal y como ha ocurrido con el etarra De Juana Chaos". Se sienten ninguneados y perseguidos por la clase política, "que incluso nos amenazó con las Fuerzas Armadas". En su opinión, ya no les queda nada más que demostrar para evitar los derribos, "por lo que sólo podemos optar por la salida más drástica y dura". El alcalde de Candelaria prefirió ayer no hacer declaraciones sobre este sorprendente anuncio.
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