EFE, Madrid
El ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, propondrá a las comunidades autónomas que la prestación a los cuidadores familiares de las personas dependientes sea de hasta 561 euros al mes, y anunció que las Administraciones Públicas destinarán este año 1.014 euros mensuales por cada beneficiario con gran dependencia.
En una visita a una residencia de ancianos de Moratalaz (Madrid), Caldera añadió que los familiares que cuidan a los mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas recibirán una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo del Estado.
En 2007, añadió el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, las administraciones públicas dedicarán 1.014 euros mensuales nuevos por persona con gran dependencia.
De este modo, el Gobierno y las autonomías aportarán cada uno 507 euros adicionales al mes por persona con gran dependencia, señaló.
Caldera propondrá también a las comunidades autónomas que la prestación a los cuidadores familiares de las personas dependientes sea de hasta 561 euros mensuales. Esta medida forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia y será debatida próximamente en el Consejo Territorial de la Dependencia.
En comparación con otras prestaciones sociales públicas, la pensión no contributiva asciende a 312 euros, la pensión mínima de jubilación a 493 euros y la pensión mínima de viudedad a 493 euros.
Además de la prestación, al tener que darse de alta en la Seguridad Social los beneficiarios tendrán derecho a poder recibir la pensión correspondiente. La cuantía definitiva que percibirá el cuidador familiar estará determinada por el grado y nivel de dependencia del beneficiario.
El Gobierno y las comunidades autónomas cofinanciarán esta prestación, tal y como establece el texto de la Ley de Dependencia, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes.
Red pública
Caldera explicó asimismo que su ministerio ha habilitado un fondo extraordinario de inversión de 100 millones de euros para el desarrollo de la red pública del Sistema de Dependencia.
Este fondo se dedicará a la construcción de centros de día y residencias. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) establece un nuevo derecho de ciudadanía: el de los mayores y de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, y crea el Sistema de Dependencia.
A través del sistema, las personas dependientes tendrán garantizado el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, plazas residenciales) y prestaciones económicas (para el cuidador familiar o para el asistente personal) que necesiten.
La ley establece un plazo máximo de tres meses desde la constitución del Consejo Territorial de la Dependencia (finales de enero) para definir el desarrollo reglamentario (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen de la seguridad social de los cuidadores).
En la actualidad, el Gobierno y las comunidades autónomas ya han acordado el baremo con el que se evaluará a los ciudadanos.
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