N.D., S/C de Tenerife
El secretario general de la Federación de Transportes y Comunicación de Comisiones Obreras, Pedro Moreno, aseguró ayer que la empresa adjudicataria del transporte sanitario público en Tenerife, Manuel Guerra Castellano S.L., tiene un expediente abierto en la Administración por falta de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, algo que, además de ilegal, contradice lo establecido en el pliego de condiciones del concurso público.
Por ello, Moreno pidió ayer la intervención de la Administración sanitaria, ya que, desde su punto de vista, esta empresa no debería estar prestando el servicio de transporte sanitario en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, como de hecho lo hace.
El representante sindical explicó que la empresa adjudicataria anterior, Cooperativa de Ambulancias Canarias (CAC), incurrió en la misma irregularidad y el Gobierno de Canarias tubo que responder subsidiariamente ante esta obligación con la Seguridad Social. "Esta empresa va por el mismo camino y que la Administración no actúe es un escándalo", aseguró ayer a este periódico Moreno, quien auguró un amplio seguimiento de la huelga que comenzará el próximo 18 de abril en toda Canarias y a la que están llamados los más de 2.000 trabajadores de ambulancias que hay en el Archipiélago.
Servicios mínimos
A este respecto, el secretario general de la Federación de Transporte y Comunicación de CCOO informó de que esta organización sindical denunció ayer a la empresa Manuel Guerra Castellano ante la Dirección General de Trabajo. Moreno apuntó que la sociedad limitada ya ha estado entregando las cartas en las que se informa a los trabajadores que los días de huelga estarán de servicios mínimos, algo que, agregó, es ilegal pues se está llevando a cabo sin que la Administración competente haya emitido la resolución oficial de servicios mínimos.
El representante de CCOO, que aseguró que también denunciarán este asunto ante los tribunales, opinó que de esta forma la empresa está tratando de desmovilizar a los trabajadores de cara a los paros convocados, que, de no llegar a un acuerdo antes, se prolongarán hasta finales de junio.
Los empleados de todo el sector en el Archipiélago han sido llamados a la huelga en demanda de un convenio colectivo regional que, entre otras mejoras, persigue la homologación de sus sueldos con sus compañeros de otras comunidades autónomas, pues, según CCOO, su pérdida de poder adquisitivo es del 40 por ciento.
"Conducta antisindical"
Asimismo, Pedro Moreno recordó que la empresa Manuel Guerra Castellano tiene un "modus operandi" basado en el mantenimiento de actitudes antisindicales que han sido ratificadas por diversos tribunales de las Islas, entre ellos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En concreto, la empresa responsable del traslado urgente de pacientes del Norte y del programado de todo Tenerife y del urgente de Gran Canaria fue condenada, según consta en una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 fechada el pasado 1 de febrero de 2007, por "conducta antisindical" al dejar de reconocer la legalidad y vigencia del mandato del comité de empresa después de la huelga de finales de 2004. Actitud contraria a la libertad sindical reprobada también en sendas sentencias fechadas el 4 de noviembre de 2005 por el mismo tribunal y el 19 de enero de 2007, por el TSJC.
Asimismo, la sala de lo social del TSJC ratificó en octubre de 2005 una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife por lo que consideró una lesión de los derechos fundamentales por sancionar a un representante de los trabajadores por hacer uso de sus horas sindicales.
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