Del Torco irrumpe en el "caso Piedad" y tacha de oscurantista al Gobierno

EL DÍA, S/C de Tenerife

Los padres adoptivos de "Piedad" han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que piden que se declare nulo y, por tanto, quede sin efecto el auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas que ordenaba el ingreso de la niña de cinco años en un centro de acogida para menores en tanto se resuelve la apelación a la sentencia provisional que otorga la custodia de la niña a la madre biológica.

Según el recurso de amparo presentado, el auto de la Audiencia "incurre en una clara y flagrante inobservancia del interés superior de la menor".

En el texto del recurso se dice que "sorprende sobremanera la interpretación que la Audiencia Provincial otorga al interés de la menor, cuando adopta la medida salomónica de decretar su ingreso en un orfanato o centro de menores", mientras que en el resto del recurso se recuerdan las visicitudes por las que ha pasado la niña, la condición de enferma mental de la madre biológica y los informes de la Dirección del Menor contra la reintegración de la niña con su familia biológica.

"Reuniones soterradas"

Precisamente, contra la actuación de esa Dirección del Menor arremete, en un comunicado hecho público ayer, el conocido abogado tinerfeño Juan Manuel Fernández del Torco, en nombre y representación legal de la familia preadoptiva de "Piedad".

En ese comunicado, el jurista "lamenta" el comportamiento de la Dirección General del Menor, que dice "podría calificarse de oscurantista y sigiloso", ya que reprocha que "las comunicaciones con mis representados, son estrictamente telefónicas" y "se verifican a horas intempestivas, incluso de madrugada, con el fin, suponemos, de ahondar más en el estado de vulnerabilidad emocional en el que se encuentran".

Agrega el letrado que "se niegan a recibirme, a fin de facilitar previa información, según disponen los procedimientos administrativos vigentes" y asegura que el mismo organismo trata de "forzarnos a que nos desplacemos a sus dependencias en Las Palmas, en vez de las que dispone en Santa Cruz de Tenerife".

El abogado aclara en otro momento que la situación de la menor es "adoptiva", no de mero acogimiento, lo que impide, en su opinión, "hablar de mediación o situación asimilable". Al respecto, añade que "nos hemos negado a acudir a soterradas reuniones, instadas por la Dirección General del Menor que, adivinamos, tienen el propósito de hacer decaer el estado del que goza la menor a una situación de mero acogimiento".

De todo ello se deduce que la Dirección del Menor del Ejecutivo autónomo ha propuesto la mediación entre las dos familias en litigio y el propio Gobierno de Canarias para tratar de llegar a un acuerdo, aunque parece ser que en términos poco claros y que podrían hacer perder a la familia preadoptiva la condición de adoptantes de la niña.