El Gobierno aprueba un gasto de 110 millones para los puertos de Tazacorte y Garachico

N.M., S/C de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias cumplió ayer con el último trámite administrativo para la construcción del puerto de Garachico y para la ampliación del de Tazacorte: la autorización del gasto plurianual de ambos proyectos entre 2007 y 2010, cuando está previsto que concluyan los trabajos.

Al término de la reunión, el consejero de Infraestructuras del Ejecutivo, Antonio Castro Cordobez, explicó que el presupuesto aprobado para ambos -que en el caso del municipio tinerfeño es un demanda histórica- será de 110 millones de euros, de los cuales al menos 46 millones de euros corresponderán a Garachico.

Castro Cordobez indicó que la intención de su departamento es que entre los meses de julio y agosto las obras sean adjudicadas y que puedan comenzar dos meses más tarde y antes de finales de año. El consejero añadió que éste es el último trámite que quedaba pendiente antes de poder licitar los trabajos.

El Consejo de Gobierno aprobó también imponer una sanción de 1,5 millones de euros a la compañía Unelco por un apagón masivo en Lanzarote ocurrido en 2005 que el Ejecutivo considera que constituye una infracción administrativa muy grave.

Audiencia de Cuentas

En octubre de ese año, se produjo un corte del suministro eléctrico en esa isla como consecuencia de dos averías en la central de Punta Grande, lo que dejó sin luz a todos los usuarios. El corte afectó a 64.525 clientes durante once minutos y a 3.353 durante algo más de tres horas, según la información del Ejecutivo, que considera que la interrupción del suministro se produjo "sin justificación legal".

Si bien el consejero advirtió de que el proceso administrativo no permite a Unelco recurrir la decisión, aseguró que la compañía puede acudir a los tribunales de no estar de acuerdo.

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer el proyecto de decreto por el que se crea el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y se establece su relación de puestos de trabajo.

El documento consta de 17 artículos y varias disposiciones, en los que regula, entre otros aspectos, la naturaleza y funciones del nuevo Instituto, sus órganos directivos y las funciones específicas de los distintos servicios con los que cuenta.

El proyecto de decreto establece que el ámbito de actuación del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas se extiende a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y que, jerárquica y funcionalmente, dependerá de la Dirección General competente en materia de justicia.

Por otro lado, Miguel Becerra rehusó entrar a valorar la investigación del presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber.

Becerra aludió a que aún no hay confirmación oficial sobre la situación judicial en la que se encuentra Medina Jáber por parte de los tribunales, por lo que apeló a la "prudencia" antes de hacer cualquier consideración desde el Gobierno.