La Justicia y el sufrimiento de los menores

ES LAMENTABLE el espectáculo que están ofreciendo los tribunales y la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias con su actuación en los contenciosos con menores de edad como protagonistas que son estos días noticia en Canarias: el de la niña "Piedad" (nombre figurado puesto por una jurista para proteger su intimidad, si es que ya puede hablarse de intimidad, y de ahí que lo escribamos entrecomillado) y el de las dos menores de 12 y 14 años cuya custodia ha sido entregada al padre, a pesar de que las pequeñas prefieren estar con la madre.

No entramos a valorar el cumplimiento de las leyes que regulan estos casos, que son distintos -la devolución de una menor a su familia biológica, apartándola de que la había acogido y tenía intención de adoptarla, y el otorgamiento de custodia a uno de los progenitores-; seguramente, todo se ajusta a la legalidad, pero eso no está ahorrando sufrimientos a las víctimas de los conflictos, que son las tres niñas.

Y es que ambos casos están causando alarma en la opinión pública por la forma tan dramática en que se están desarrollando. De hecho, padres en proceso de adopción de Las Palmas ya han manifestado sus temores y sus dudas para seguir adelante en vista de que pueden verse en una situación parecida a los que han preadoptado a "Piedad". Para empezar, la intervención de la fuerza pública, a instancias de los jueces, ha propiciado escenas desagradables, de violencia psicológica, que posiblemente marquen a las menores en disputa. En alguna ocasión, sólo ha faltado que los policías o los guardias civiles esposaran a las niñas para llevárselas. Y ahí estaban los medios de comunicación, para mostrar al público las imágenes dramáticas de esos momentos.

Pero éstos no son los únicos casos dramáticos que están ocurriendo en Canarias en estos momentos, con una incidencia negativa sobre los menores en disputa. Muchos de ellos están sufriendo porque los adultos deciden con quién deben vivir sin tener en cuenta sus preferencias ni su testimonio sobre el comportamiento inadecuado de alguno de sus padres. Es difícil para la Justicia decidir a quién adjudicar la patria potestad de un niño o qué familia es más aconsejable para que desarrolle su proyecto vital, si la que le dio la vida, pero le abandonó o renunció a criarlo, o la que se ofrece para darle un hogar donde encontrará el cariño que nadie le ha dado. Pero hay casos en que la Justicia debe estar por encima de las leyes; en que el juez, con su criterio racional, no puede permitir que unas normas que, como todas, dejan siempre lagunas en los actos y comportamientos sociales que pueden determinar un futuro de horror para un ser inocente, dejándolo indefenso ante el peligro, aunque éste provenga de su propio padre o madre. La tradición jurista latina tal vez sea más "legalista", más de aplicar las normas al pie de la letra, pero en el mundo anglosajón jueces y fiscales son más flexibles y dan cabida al sentido común. Porque una cosa es aplicar las leyes y otra, a veces muy distinta, hacer justicia. Y eso es lo que esta sociedad, sensibilizada por tanto sufrimiento, pide en estos momentos de forma mayoritaria.