EFE/EL DÍA, S/C de Tenerife
La Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac) acordó en la mañana de ayer ratificarse en las decisiones adoptadas el pasado 6 de febrero en las que se establecía el carácter urbano de los caseríos de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero en Anaga y de Punta Prieta, La Puente, La Caleta y el Tablado en Güímar.
Pese a lo que podría pensarse, esta decisión no entorpece, ni anula el principio de acuerdo alcanzado el pasado jueves entre el Gobierno de Canarias y Costas, puesto que según han explicado fuentes de Ordenación Territorial "lo que se nos pidió es que presentáramos una serie de informes que completen el expediente de rectificación del deslinde y que justifiquen la presencia de los núcleos poblacionales con anterioridad a 1988, algo que ya se está haciendo, pero en ningún momento se nos dijo que revocásemos decisiones ya tomadas o que renunciáramos a nuestras propias competencias".
En este sentido, el Consejero de Ordenación Territorial, Domingo Berriel, explicó que "la línea de servidumbre se mantendrá en 20 me-tros desde la costa en las áreas objeto del requerimiento donde existen viviendas anteriores a la actual Ley de Costas, aunque sí que se retranqueará en las zonas donde no haya viviendas y sean espacios naturales". Asimismo, señaló que "las chabolas o infraviviendas construidas en estas zonas sí serán objeto de demolición".
Para finalizar, ma-nifestó que las viviendas situadas en las zo-nas de servidumbre estarán sujetas a un planeamiento para efectuar ampliaciones y reformas sin los obstáculos con los que ahora se encuentran.
Reacción de los vecinos.- Por su parte, tanto los representantes de los vecinos afectados de Anaga como los de Agache mantuvieron ayer por la tarde una reunión con el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pulido.
En este sentido, el dirigente les trasladó que todo hace pensar que la situación quede definitivamente resuelta en breve, pese a que no le dio importancia al hecho de que Costas había pedido la anulación del PGO de 1957 como requisito para rectificar el deslinde, algo que molestó a los vecinos, que ya no saben qué pensar ni qué documentación es la que verdaderamente ha sido solicitada. Precisamente por esta gran confusión los representantes vecinales han acordado suspender la manifestación del próximo viernes porque "ahora mismo no sabemos ni siquiera contra quién manifestarnos".
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