Amanecer en la playa

J. D. MÉNDEZ, S/C de Tfe.

Una sesión en sábado y a las nueve de la mañana no invitaba precisamente a lo mejor. Ramiro Cuende, portavoz del PSC, lo calificó de "pleno al amanecer" y acertó en doble sentido, por lo tempranero de la hora y porque por fin se vio la luz en un asunto cuyo debate la oposición reclamaba desde hace mucho tiempo. Llegó en una sesión "puente" entre un mandato y otro porque todos los grupos mantuvieron sus tesis, pero la correlación de fuerzas tras las elecciones del domingo pasado ya no son las mismas.

Si la hora no acompañaba, la monocorde y errática lectura de los doce folios del informe de los servicios jurídicos municipales por parte del "portavoz" de CC, Bruno Piqué, fue el remate. Pero luego se animó la cosa

La conclusión del informe es que se promoverá incidente de nulidad de actuaciones ante la sala Tercera del Tribunal Supremo "denunciando la incongruencia producida e invocando expresamente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la interdicción de la indefensión". En caso de ser inadmitido o desestimado dicho incidente, "recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

En el debate no hubo novedades respecto a los planteamientos, pero sí planearon los resultados registrados en las elecciones.

Ramiro Cuende, portavoz del PSC, planteó que "técnicos municipales competentes como arquitectos no participaron en la tasación" e insistió en que, "desde 1987, la postura del PSC es no edificar en una playa para el pueblo, al contrario que CC". Recordó que "había prisa y no esperaron tres días a la Ley de Moratoria, cuya aplicación hubiera supuesto un precio más bajo" (esto lo negó Zerolo) y que "nada nos va costar un buen dinero, 8.750 millones de pesetas, y a ver si no nos cuesta algo más. Hay que paralizar las obras porque se han creado plusvalías en cascada. Menos Urban en San Andrés y más escollera. Y una playa de máximos con mínimos costes".

Desde Ciudadanos, Guimerá realizó el diseño jurídico y Guigou el político. El primero preguntó de entrada quién había firmado el informe (Luis Prieto, oficial mayor y titular de la asesoría jurídica) y luego expresó su "sorpresa por cuestionar una sentencia del Supremo. No cabe recurso ordinario y, de los extraordinarios, que me expliquen qué norma fundamental vulnera anular un contrato de compra-venta. El ayuntamiento hará el ridículo con este recurso y me pregunto quién lo va a pagar. Pido que se ejecute la sentencia y no se espere a los dos meses de ejecución forzosa".

Guigou recordó que "el alcalde hace demagogia otra vez y rehuye el debate". Intentó que se votara una propuesta de resolución de tres puntos: cumplimiento de la sentencia, paralización de las obras y asunción de la responsabilidad política por el alcalde. Pero Zerolo indicó que no había lugar, al tratarse de un pleno extraordinario y acabó diciendo que "creo que tengo la razón".

Miguel Zerolo, una vez más para cerrar el mandato, hizo de portavoz de CC y mantuvo su argumento de que el convenio fue apoyado por el pleno de forma unánime, incluida la oposición, y con todos los informes favorables.

Pero esta vez también atacó en la línea de flotación del PSC y de Ciudadanos. Primero, recordando que en la lista electoral iban juntos un defensor del convenio de la playa con quien denunció a la Fiscalía. Cuende respondió con alusiones a la actual asesora de Zerolo y afirmando que tres de los cuatro concejales de aquella época ya no estaban en el partido.

El alcalde argumentó con ironía que el Grupo Mixto ya no era grupo, al sumar sólo dos concejales y que no ganó en ninguna mesa en la capital tinerfeña cuando CC, según el alcalde, lo hizo en 212. "Con estos resultados, ¿cómo me piden a mí responsabilidades políticas?", aseguró Zerolo.

Guigou le contestó que no admitía lecciones de dignidad y que ya había asumido los resultados electores la noche del 27 de mayo.

Zerolo apeló de nuevo a "la playa pública, de todos y sin construcciones en el frente" y recordó que "Zerolo no compró ninguna playa, fue el Ayuntamiento de Santa Cruz porque una sentencia también del Supremo permitía a los propietarios construir en el frente de playa. El convenio es vigente, lo reconoce esta sentencia del Supremo, aclaremos las tasaciones, terminemos las obras y que el pueblo pueda disfrutar de la playa que quiere".

¿Y el PP? Bien, gracias, y esperando a Llanos.