HOY SE CUMPLEN diez años del secuestro del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco que la práctica totalidad de la sociedad española vivió en directo, con el alma en un puño y la indignación a flor de piel. Hoy conocemos el pormenor de aquel drama, cómo el desalmado "Txapote" lo asesinaba el día 13 después de un zozobrante ultimátum de 48 horas que ningún gobierno hubiera podido atender, e incluso cómo la gigantesca reacción popular generó polémicas y dudas en el seno de la propia ETA.
Hoy, transcurrida una década sin que hayamos conseguido acabar con la horda que cometió aquel horrendo crimen, el mejor servicio que se puede hacer a la memoria de la víctima es extraer de buena fe las consecuencias políticas del drama para entender mejor el fenómeno terrorista que pretendemos extirpar. Porque se da la cruel paradoja de que aquel crimen, que en un primer momento generó una esperanzadora reacción humanitaria unánime entre los demócratas, ha tenido unas consecuencias ambiguas para la estabilización de Euskadi y para la paz.
La noticia del asesinato provocó, como se recordará, una monolítica pero efímera unidad democrática contra los violentos y sus partidarios; la izquierda abertzale, cómplice intelectual de aquella brutalidad, fue insultada, denigrada, arrinconada... Nacionalistas de peso y de prestigio hicieron admirables declaraciones en defensa del Estado de Derecho y en contra de un terrorismo que había perdido toda entidad política y que había extirpar mediante la acción policial y judicial... Pero pronto el nacionalismo democrático vasco temió que aquel movimiento espontáneo terminara engendrando un clima antinacionalista en cuanto sedimentara y cristalizara. Y ocurrió lo menos imaginable: una paulatina aproximación entre el nacionalismo democrático -de la mano de Arzallus- y ETA que fraguó en julio de 1998, apenas un año después del crimen, y que desembocó en la firma del Pacto de Lizarra del 12 de septiembre de 1998. En poco más de un año, se había pasado del confinamiento de ETA en los sótanos del descrédito a un acuerdo público que le otorgaba plena respetabilidad a los ojos del nacionalismo histórico.
El resto de la historia es conocida pero conviene rememorarla por si aún queda algún desmemoriado. Lizarra fracasó por la intransigencia exorbitante de ETA pero ya fue inevitable que, frente a aquel dislate, las fuerzas no nacionalistas confluyeran paulatinamente en un lugar común de forma que PP y PSOE intentaron construir una opción alternativa al nacionalismo en las elecciones autonómicas de mayo del 2001. Por 25.000 votos no se produjo el vuelco. Pero la antigua y saludable polaridad entre demócratas y violentos quedó sustituida por la existente entre nacionalistas y no nacionalistas.
El nacionalismo democrático regresó de Lizarra pero no del soberanismo. E Ibarretxe confeccionó su "plan" -en realidad, un Estatuto Político imposible de conciliar con la Constitución- que fue aprobado por el Parlamento vasco a finales del 2004 y rechazado por el Parlamento español el 1 de febrero del 2005. Desde entonces, Imaz se ha convertido en presidente del PNV y con él han llegado la moderación y el buen sentido a este partido, pero todavía no se ha producido un retorno pleno del PNV a los parajes del autonomismo constitucional. Mientras tanto, socialistas y populares se han ido distanciando hasta volverse antagónicos como antaño y, si prospera la línea Imaz, se adivinan fórmulas transversales de cooperación y de coalición entre el PSE-PSOE y el PNV como las que funcionaron en la primera parte del período democrático.
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