EFE, Túnez
El Alto Consejo de Justicia (ACJ) libio cambió ayer a cadena perpetua la condena a muerte que pesaban sobre las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino, acusados todos ellos de haber contaminado con el virus del sida a 438 niños. La decisión de esta instancia jurídica puesta bajo la autoridad del Ministerio de Justicia pone fin al calvario de ocho años que han vivido los cooperantes sanitarios desde que fueron detenidos el 16 de febrero de 1999.
Sin embargo, todavía queda por determinar el procedimiento que se seguirá para que las enfermeras y el médico puedan ser extraditados a Bulgaria, en virtud del tratado de extradición que firmaron los gobiernos libio y búlgaro.
Medios diplomáticos occidentales en Trípoli que siguieron el caso informaron de que el detonante de la decisión del ACJ se produjo ayer, cuando las familias de los niños anunciaron que dejaban de reclamar la ejecución de las penas capitales.
Las familias tomaron esta decisión después de haber recibido cada una de ellas la suma de un millón de dólares, gracias a la mediación llevada a cabo por la Fundación humanitaria Gadafi.
Esta fundación, dirigida por Seif el Islam, uno de los hijos de Gadafi, al que se considera su heredero político, medió entre las familias y los representantes del fondo internacional creado en 2005 por Bulgaria y otros países europeos para asistir a Libia en la lucha contra el sida.
El pago de la llamada "deuda de sangre" facilitó la revocación de las penas de muerte y las enfermeras Kristiana Valtcheva, Nasia Nenova, Valentina Siropulo, Valia Tcherveniachka y Snejana Dimitrova, y el médico Achraf Yumaa esperan ahora poder abandonar Libia, aunque la fecha está aún por determinar.
Deficiencias sanitarias
Los cooperantes fueron procesados en dos ocasiones y condenados a la pena capital por tribunales ordinarios, pese a los testimonios de varios expertos médicos que atestiguaron que la contaminación de los niños obedecía a las deficientes condiciones sanitarias del centro pediátrico de la ciudad de Bengasi. En diciembre de 2005, el Supremo (TS) aceptó la revisión del caso, pero en el juicio celebrado en diciembre de 2006 se confirmaron las penas de muerte.
El único recurso que les quedaba a las enfermeras y al médico era el ACJ, un organismo que depende del Ministerio de Justicia y atiende a consideraciones políticas, con capacidad para confirmar, revocar o modificar las condenas del TS.
En junio pasado, la comisaria europea de Exteriores, Benita Ferrero, y el ministro alemán de Exteriores, Frank Walter Steinmeir, negociaron en Trípoli una solución al caso, entrevistándose con una representación de las familias y visitando a las enfermeras en la cárcel.
La UE propuso asistir a Libia financiando un centro especializado en el tratamiento del sida en Bengasi y acogiendo en su territorio a los niños para darles el tratamiento necesario de forma gratuita.
Ayer, los familiares insistieron también en solicitar del Gobierno de Trípoli que permita la utilización de las indemnizaciones para pagar la atención médica de los niños en centros extranjeros.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
