EFE, Madrid
Los centros para personas sin hogar ofrecen 13.033 plazas diarias de alojamiento, y más del 60 por ciento de sus trabajadores son voluntarios, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), divulgado ayer.
El número medio de personas que trabaja en los centros es de 14.815, un 16,1 por ciento más que en 2002, año de referencia de la anterior encuesta.
Los resultados de la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar-Centros muestran que casi el 64 por ciento de los centros están ubicados en municipios mayores de 100.000 habitantes. Además, tres de cada cuatro centros son de titularidad privada (76,8%).
En cuanto a las prestaciones, las más frecuentes son las de información y acogida (80,6% de los centros), restauración (80,6%), alojamiento (76,1%) y orientación (73,1%).
Las prestaciones orientadas a la inserción social de los usuarios, como taller de inserción (14,2%), taller ocupacional (20,9%), asistencia jurídica (23,7%) y regularización de papeles (26,1%), tienen una menor presencia en la oferta de los centros.
El grupo de población más frecuentemente atendido son los inmigrantes (47,2% del total) y el menos frecuente es el de excarcelados (12,5%).
La mayoría son de acceso libre (57,2%) o admiten usuarios derivados desde los servicios sociales de base (67,2%).
Del total de trabajadores, 4.154 lo son tiempo completo y 10.661 a tiempo parcial; el 63,7% de estos trabajadores son voluntarios, el 30% asalariados y el resto tiene otro tipo de vinculación (religiosos, estudiantes en prácticas).
El volumen total de gasto de los centros se elevó a 114,57 millones de euros en 2006, con un aumento del 22% respecto a 2002, mientras que el gasto medio por instalación fue de 241.758 euros, un 13,3% más que en 2002.
Gastos
Por otra parte, los recursos financieros disponibles de los centros públicos y privados registran notables diferencias.
Así, el gasto total de los públicos se eleva a 50,39 millones de euros y el de los privados alcanza 94,18 millones de euros.
En términos medios, el gasto medio en los públicos fue de 362.500 euros y el de los privados de 205.193 euros. Cerca del 72% tiene a las administraciones públicas como fuente única o mayoritaria de financiación.
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