Meléndez logra el permiso del Gobierno belga para comercializar los factores

N.D., S/C de Tenerife

El catedrático de Bioquímica Enrique Meléndez-Hevia ha conseguido la autorización del Gobierno de Bélgica para comercializar "libremente" los factores 1 y 2 en todo el país, lo que le otorga además la potestad de poder distribuirlos por todo el territorio comunitario, en virtud del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea (UE).

Así lo explicó ayer a este periódico el abogado del científico, Eligio Hernández, quien ayer mismo sumó este documento a la causa judicial abierta en los juzgados canarios como consecuencia de la prohibición que estableció el Gobierno de Canarias sobre la dispensación de estos productos por considerarlos medicamentos. Fundamento que siempre ha sido rechazado tanto por Hernández como por Meléndez-Hevia, quienes aseguran que estos aminoácidos (Glicina y L-aspártico) son alimentos.

En el documento firmado por el director del servicio de Alimentos y otros productos de consumo humano del Ejecutivo belga, explican que en la actualidad estos productos no necesitan una autorización para su disbribución. No obstante, puntualiza que ésta será necesaria en breve, cuando entre en vigor una nueva regulación sobre la materia que está en trámite. "Consecuentemente esta notificación será necesaria", se agrega en el documento.

Algo "escandaloso"

Junto a esta nueva prueba, Eligio Hernández presentó ayer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo otro documento que demuestra que la Glicina en polvo (que es como la utiliza Meléndez-Hevia en sus protocolos) ya fue autorizada en Barcelona en 1989, cuando fue inscrita en el registro Especial de Productos de Cataluña. Circunstancia que descubrieron hace una semana y que el letrado consideró "escandolosa" al recordar las resoluciones administrativas que dictó la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional contra el Instituto del Metabolismo Celular (IMC) por distribuir estos productos. Asimismo, informó de que el Comité Científico de Evaluación de Riesgos Alimentarios de Cataluña, comunidad a través de la cual van a empezar a comercializar los factores por medio de una empresa que han creado para ello, le ha dado ya el visto bueno.

En la maraña judicial que se ha creado en torno a todo este asunto, Hernández apuntó que se han abierto cuatro causas contra otras tantas resoluciones administrativas que tienen que ver con la multa que se le impuso a Meléndez, con la prohibición de su actividad y la incautación de los factores, con la orden de cierre del IMC y con la alerta que lanzó la Agencia Española del Medicamento.

Eligio Hernández aseguró que el futuro de la actividad que desarrolla el profesor ya no depende del resultado de estos procedimientos judiciales, ya que han creado otra empresa, denominada Nutrimediterránea y con sede en Cataluña, para distribuir los factores independiente del IMC, que es sobre la que pesan las órdenes que dictó la Consejería de Sanidad en su momento.

Además, el abogado apuntó que todos estos procedimientos ya han caducado debido a que la Administración no inició en el plazo de 15 días el procedimiento sancionador referido a las medidas cautelares que adoptó en su momento. Indicó que va a pedir la caducidad y revocación de estos procesos, excepto de aquellos que "por principios" considera necesario que sigan adelante por cuestiones estratégicas y cuyas sentencias le servirán para "armarse" de cara a posibles litigios futuros.

Entre las causas que espera mantener visas están recurso de apelación que presentó ante la Audiencia Nacional contra la alerta de la Agencia Española de Medicamentos y el pleito de fondo abierto en la Sala de lo Contencioso, en el que pedirá la unificación de doctrina, ya que mientras el tribunal de Santa Cruz de Tenerife les dio la razón con una sentencia en firme, el de Las Palmas no quiso entrar en la cuestión de base.

Por último, dijo que va a solucitar la revisión de la multa impuesta a Meléndez-Hevia y que provocó el embargo de parte de su sueldo de la Universidad de La Laguna, a la vez que mantendrá el recurso de casación que en su momento presentó ante el Tribunal Supremo.