COLPISA, Madrid
El gran apagón de Barcelona fue "excepcional" y no está relacionado con las inversiones en transporte y distribución, dijo el ministro de Industria en comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso. No obstante, Joan Clos anunció que se acelerarán los planes sobre redes eléctricas, y que REE, la empresa operadora del sistema, invertirá aún más en ejercicios sucesivos.
Antes de que concluya este año, informó, estará elaborado para su remisión al Parlamento el plan de infraestructuras 2007-2016. Ayer, precisamente, concluyó la ronda de consultas con las comunidades autónomas para incorporar sus sugerencias al proyecto.
De inmediato se procederá, además, a revisar el reglamento de líneas de alta tensión para que no coincidan con instalaciones de baja, y se adecuarán las normas de procedimiento con el fin de que los transformadores obtengan suministro de más de un origen. Por añadidura, antes del 30 de octubre próximo las empresas tendrán que presentar sus programas de inversión en distribución, una exigencia hasta ahora nunca planteada.
"No es normal que se caiga un cable, ni que lo haga sobre una estación de alta tensión, ni que ésta última se incendie por una sobrecarga", comentó el ministro. Tras describir esta acumulación de "circunstancias excepcionales", aseguró que se van a exigir responsabilidades a las empresas, "una vez obtenidas respuestas a por qué sucedió todo esto, y conocido en profundidad el fondo de la cuestión". Por el momento, Red Eléctrica -transportista- y Endesa -distribuidor- se echan las culpas mutuamente.
Clos afirmó que la exigencia de responsabilidades a las empresas se producirá después de que la Comisión Nacional de la Energía haya elaborado un exhaustivo informe de lo sucedido, al igual que se realizó en 2001 cuando se produjeron las interrupciones de suministro como consecuencia de las nevadas. "Si entonces, y hasta hace quince días, las indemnizaciones impuestas por irregularidades se limitaban a tres millones de euros, ahora, desde la reciente revisión de la ley, pueden llegar hasta 30 millones de euros", precisó el ministro.
Pero las fuerzas políticas de oposición, y en especial el PP y CiU, exigieron a Clos responsabilidades políticas por lo que calificaron de pésima gestión de la crisis. También reclamaron aumento de las inversiones. Según el portavoz de ERC,Cataluña paga el 25% de la factura eléctrica y apenas se llevan a cabo en su territorio el 15% de los desembolsos en distribución. El responsable ministerial rebatió este dato, aunque no aportó otras cifras.
Clos coincidió en la demanda de un reequilibrio en las inversiones en Cataluña -posición que fue defendida por él cuando fue alcalde de Barcelona-, pero precisó que esta exigencia no se puede trasladar a las infraestructuras eléctricas, porque estas decisiones no se toman con carácter territorial.
El ministro de Industria atribuyó las carencias a las actuaciones de los anteriores gobiernos del Partido Popular, asegurando que los ejecutivos socialistas "han acabado con la penuria inversora de los populares" y comprometido una inversión media anual de 600 millones de euros para el periodo 2002-2011.
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