DIGNA MARTÍN, Santa Cruz
Los ayuntamientos de Barlovento, Breña Alta, Puntallana y El Paso han anunciado que van a presentar un recurso contencioso administrativo (están sustanciando la denuncia) en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, PTE, que fue aprobado de forma parcial por el Gobierno canario, a propuesta del Cabildo, el 7 de mayo de 2007 pasado, por considerar que se trata de un documento que se excede en sus competencias y que estrangula el crecimiento recogido en los respectivos planes generales de estos pueblos, ahora mismo en revisión muchos de ellos.
Los citados consistorios se sienten agraviados por el plan territorial, pues consideran que no se han tenido en cuenta las previsiones municipales. De hecho, los dos únicos planes generales que el PTE no toca son los de Los Llanos de Aridane y Puntagorda, casualmente redactados por la misma persona que confeccionó el PTE, Félix de la Cruz. Sin embargo sólo estos cuatro ayuntamientos han optado por ir al contencioso.
Otra de las críticas comunes que se hacen al plan turístico es que entra a clasificar suelos cuando los ayuntamientos entienden que no es su función, coartando sus posibilidades de desarrollo. En algún municipio concreto el plan pone en peligro inversiones ya comprometidas con promotores y recogidas en el planeamiento municipal.
Así las cosas, las fuentes consultadas ayer por este periódico confían en que se encuentre una salida política a este asunto (de hecho ayer por la tarde se iba a celebrar una reunión entre el Cabildo y los ayuntamientos sobre este conflicto) ya que, insistieron, "nos perjudica mucho, pues no sólo ordena el producto turístico en la Isla, sino que además entra en la clasificación de suelo, algo a lo que nos oponemos".
"El problema es que han querido hacer el PTE como un Plan Insular de Ordenación y no lo es, se trata de una medida excepcional ante la ausencia de ese plan insular", agregan dichas fuentes, que insisten en subrayar que "el PTE como está supone una cortapisa sin precedentes para el desarrollo de los municipios palmeros".
El PTE se empezó a redactar en 2002 a raíz de la aprobación la Ley Específica de Turismo para La Palma, La Gomera y El Hierro y cinco años después sigue sin arrancar, aunque se aprobó parcialmente hace unos meses, y, lo que es peor, sin satisfacer a los ayuntamientos, que son los principales destinatarios de esta normativa que define el desarrollo turístico de la Isla para los próximos años. El Gobierno aprobó en mayo el 90% del documento, quedando fuera las alegaciones y modificaciones que se plantearon en la información pública, es decir, que quedaron pendientes de autorización los campos de golf, puertos deportivos y algunas instalaciones hoteleras en solares urbanizables aislados, actuaciones en las que los ayuntamientos tienen puestas sus esperanzas para generar empleo y diversificar la economía, el fin que persigue en teoría el Plan Territorial Especial.
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