N. MARTÍN, S/C de Tenerife
La decisión del Ejecutivo regional de seguir la senda de otras comunidades autónomas y someter a sorteo las viviendas de promoción pública sin discriminar a los demandantes acabará en los tribunales. Comisiones Obreras anunció ayer que ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en contra del decreto aprobado el 10 de abril por el Consejo de Gobierno en el que se fijaban los nuevos requisitos de adjudicación, según explicó la responsable de Vivienda de la Comisión Ejecutiva regional del sindicato.
El pasado mes de abril, el Ejecutivo dio el visto bueno a este proyecto que modificaba sustancialmente el acceso a viviendas protegidas al introducir el sistema de sorteo frente al que se venía utilizando hasta ahora consistente en realizar una baremación de los solicitantes en función de su situación socioeconómica, una decisión que fue censurada el 27 de abril en el dictamen que emitió el Consejo Consultivo de Canarias, en el que se basa buena parte de la argumentación del sindicato.
Éste considera que el sistema del sorteo es cuestionable porque no respeta los principios de "justicia, equidad y solidaridad" que deben primar cuando se reparte un bien escaso que está destinado a paliar las necesidades de un sector con menos medios económicos que la media y que tiene más dificultades para acceder a una vivienda en el mercado.
El Consultivo en su informe no comparte la intención del Gobierno de garantizar la plena igualdad en este tipo de promociones, ya que considera que el objetivo es concedérsela a quien más la necesita, algo que no queda garantizado cuando se somete a un sorteo a personas con características sociales diversas, pese a que en el decreto se amplían los cupos especiales, como el que se refiere a las mujeres víctimas de violencia de género.
En ellos incide el informe, que considera que también "dentro de cada cupo los interesados deben ser ordenados en razón de la concurrencia de tales criterios (justicia, equidad y solidaridad) de forma que se crearía una relación jerárquica en razón a la puntuación que los demandantes inscritos en el registro pudieran obtener, de forma que se garantice el acceso de las familias más necesitadas".
Las reticencias de Comisiones Obreras se refieren también al sistema de adjudicación de vacantes, que da un importante nivel de discrecionalidad a la hora de resolverlas a los alcaldes, lo que pondría en riesgo los principios de transparencia y libre concurrencia. En cuanto a los inmigrantes, la norma exige una residencia continuada de 7 años en Canarias.
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