EFE, Madrid
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha acordado iniciar una investigación de oficio ante el Ministerio de Sanidad y Consumo para averiguar cómo se están aplicando en el sistema público sanitario la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
El Defensor señala en una nota que ha acordado realizar la investigación "en relación con las noticias difundidas por algunos medios de comunicación social" que alertan sobre las "extraordinarias dificultades" que hay en España para realizar en centros hospitalarios del sector público un aborto voluntario, ya que sólo se realiza en ellos el 3% del total. "Eso representa -dice- que la práctica totalidad de estos procedimientos se llevan a cabo en centros sanitarios privados ubicados, en no pocas ocasiones, en comunidades autónomas distintas a la de residencia de las personas afectadas". El Defensor del Pueblo añade que ha instado también a Sanidad a que se aborde esta cuestión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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