La Cotmac rectifica y pone en peligro un edificio residencial de lujo en El Puerto

MAIKEL CHACON, Tazacorte

El complejo residencial de lujo que se está construyendo en la zona de Los Tarajales, junto al paseo marítimo de El Puerto de Tazacorte, con 28 viviendas a un precio de unos 3.600 euros el metro cuadrado, podría tener los días contados antes de que se termine de construir si se revisa el planeamiento urbano, tal y como acaba de ordenar la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac), para desclasificar un suelo que, según una sentencia de 10 de noviembre de 2005 de la Audiencia Nacional, no es urbano.

Dos años después de que el Tribunal Supremo emitiese una fallo confirmatorio (en el mismo sentido de uno anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con fecha de 13 de septiembre de 2002) que calificaba de "no urbano" el suelo de Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, dictando la nulidad de un acuerdo de la Cotmac en sentido contrario, el organismo dependiente del Gobierno de Canarias ha reconocido el error, pero ha declarado "inejecutable" la sentencia al haberse producido una sustitución del planeamiento anterior (las antiguas Normas Subsidiarias) enjuiciado por un nuevo PGO.

Según la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que en su día aprobó, a petición del ayuntamiento, el Plan General que recalificaba este suelo, pese a la existencia de la sentencia anterior, el fallo judicial no puede aplicarse como tal, por lo que ha instado al Ayuntamiento de Tazacorte a que proceda inmediatamente a revisar el nuevo planeamiento en el ámbito y los aspectos que contradigan el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad del acuerdo y el carácter de "no urbano" del suelo.

Según describe el informe de la Ponencia Técnica de la Cotmac, este paso supone la obligación por parte del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Tazacorte de impedir aquellos usos del suelo incompatibles con los permitidos por la legislación de Costas, dándole a esta zona la clasificación que le corresponda, según la misma. Además, la revisión del planeamiento, según recoge el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, podría suponer la posibilidad de que el Consejo de Gobierno de Canarias suspendiese la vigencia de esta parte del PGO hasta que sea revisado.

La imposibilidad de construir en esa zona del litoral fue certificada por los tribunales a raíz de una denuncia de una particular, Juana Teresa González. Tras años de litigio el fallo de la Sala dictaminaba en 100 metros la anchura de la zona de servidumbre de protección de un tramo de costa entre el barranco de Las Angustias y la Playa del Perdido.

De acuerdo con la actual Ley de Costas, que establece que la servidumbre de protección en terrenos clasificados como suelo no urbano "recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar", la sentencia de la Audiencia Nacional aumenta la franja de protección de sólo 20 metros acordada en octubre de 2001 por Orden del Ministerio de Medio Ambiente. Una orden que tomó como premisa la consideración urbanística del terreno como suelo urbano, opción en la que habían coincidido las administraciones autonómica y municipal.

Tal y como señala la sentencia de la Audiencia Nacional, la calificación como suelo urbano de los terrenos afectados por el deslinde "estuvo precedida por una sucesión de certificaciones e informes del Ayuntamiento de Tazacorte y de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en los que, de manera cambiante y contradictoria, unas veces se afirmaba que tenían la consideración de zona apta para urbanizar y en otras ocasiones se decía que se trata de suelo urbano con plan especial de ejecución".

Sin embargo, desde el Consistorio bagañete siempre se ha considerado este suelo como apto para urbanizar, en referencia a que cumple con uno de los requisitos legales para ello, como es la existencia de servicios municipales como agua, luz o saneamiento. Por ello, tras aprobarse el PGO por parte de la Cotmac, el grupo de Gobierno procedió, de manera inmediata, a otorgar la licencia de construcción al promotor del edificio, la promotora Diursa.